Juliana (nombre protegido) se casó joven. Al poco tiempo fue víctima de agresiones físicas por su esposo y padre de sus dos hijos. Un día pensó que moriría: él la ahorcaba y ella no podía respirar. ​

La mujer sobrevivió a ese ataque y una amiga la animó a denunciar para no ser víctima de femicidio. La mujer acudió a la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar en el Complejo Judicial de la Florida, en el norte de Guayaquil.

Cuando los funcionarios le preguntaron datos acerca de su agresor, ella decidió irse y regresar a casa. Ni siquiera esperó las medidas de protección, las cuales se otorgan en máximo de dos horas. No quería que su esposo sea apresado. “Tengo miedo de que la situación empeore”, fue lo único que dijo.​

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura (CJ), en Ecuador hay 172 unidades judiciales especializadas en esta problemática.

En la provincia de Guayas están ubicadas en Guayaquil (Florida y Valdivia), en Durán y Milagro. En estas últimas, desde octubre de 2018 hasta el mismo mes de 2019 ingresaron 21.938 denuncias y se resolvieron 15.287.​

Estas se diferencian de las demás porque cuentan con equipos técnicos conformado por médicos, sicólogos y trabajadores sociales que reciben a la persona afectada en procura de no revictimizarla. Además cuentan con Cámaras de Gesell (habitación con visión unilateral) en las que se receptan testimonios.​

Paúl Franco Pombo, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), explicó que se prevé cerrar 2019 con dos unidades más en los cantones Daule y Naranjito.

Además precisó que en las jurisdicciones donde no hay esta especialidad, los casos de violencia son conocidos en las Unidades Judiciales Multcompetentes Penales de Yaguachi, Samborondón, Daule, Salitre, Pedro Carbo, El Empalme, Balzar, Naranjal, Naranjito, Marcelino Maridueña, El Triunfo, Bucay y Playas.​

Las agresiones en contra de la mujer pueden considerarse delitos o contravenciones dependiendo de la gravedad de las heridas, en caso de que sea violencia física.

Andrea Ordóñez Riera, jueza de la Unidad Judicial de Violencia de la Florida Norte, explicó que los operadores de justicia son competentes para dar trámite a las contravenciones, pero en caso de violencia sexual, psicológica o lesiones que superen los cuatro días tienen que inhibirse, porque la Fiscalía debe indagar.​

Coincidió en que hay víctimas que acuden a denunciar, pero no revelan los datos del agresor. Por ello, estos no pueden ser notificados de las diligencias, ni de las medidas de protección a favor de la persona afectada.

El caso de Juliana tal vez quede impune, pues ella solo asentó su denuncia, pero no acudió con el equipo técnico que evaluaría su estado físico y mental. La jueza Ordóñez lamentó que la mayoría de víctimas abandonen los casos. (I)