Gente Oil dice que el informe de la Contraloría (tras la Décima Ronda Petrolera) sobre el campo Singue, que señala un perjuicio al Estado por $ 5 millones, carece de sustento técnico y legal.

Les preocupa que, a pesar de los descargos y explicaciones que han entregado, Contraloría se ratifica en la glosa y en los indicios de responsabilidad penal.

Consideran que el equipo auditor que emitió el informe tiene un “desconocimiento total” de la industria petrolera. “Cuando se quiere insistir en que la tarifa es la que genera el perjuicio al Estado, hay un error técnico importante. La fórmula usada no existe en las bases, la ley y el contrato”.

El informe de Contraloría, sobre la improcedencia de la adjudicación señala que Dygoil, operador del Consorcio DGC, no cumplía los requisitos de Capacidad Operativa respecto de las inversiones de exploración y explotación; y no justificó documentadamente las inversiones.

Gente Oil indicó por qué el informe no tiene sustento: “Se podía justificar inversiones de explotación o de exploración, no era necesario justificar las dos”.

Destacó que DGC sí justificó inversiones de explotación requeridas dentro de los cinco años antes de la licitación; lo hizo en 2006, por más de $ 10 millones, que era requisito. Dygoil presentó el informe de calificación como operador, elaborado por una comisión de Petroecuador.

Contraloría determina que DGC no justificó solvencia financiera. Gente Oil aduce que DGC presentó los documentos requeridos en las bases para justificar su solvencia económica. Adicionalmente, DGC justificó fuentes de financiamiento según lo solicitó el Comité de Licitación Hidrocarburífera.

Sobre la tarifa, Contraloría alega que DGC debía desglosarla en los rubros estimados en amortización inversión, costos y gastos y utilidad razonable, según el art. 16 de la Ley de Hidrocarburos.

Sin embargo, Gente Oil aclaró que nada en la Ley o las bases exigía que la tarifa ofertada se desglose como dice la Contraloría.

De hecho, el formulario 11 en el que debía consignarse el valor de la tarifa ofertada no contemplaba ningún apartado en el que se incluya el desglose.

De acuerdo con la Contraloría, al no desglosarse la tarifa el equipo negociador calculó la TIR (Tasa Interna de Retorno) y consideró sin sustento el 80% y no el 100% de reservas. Gente Oil asegura que técnicamente no es posible extraer 100% de reservas probadas de un campo, son solo una estimación de barriles que pueden sacar bajo condiciones económicas y operativas.

“El equipo negociador de la Secretaría de Hidrocarburos no utilizó el 80% de las reservas probadas como dice Contraloría; utilizó el 93% de las reservas”.

Recordaron que el cálculo de la TIR es lo usual en todas las negociaciones petroleras del mundo. Sirve para establecer la razonabilidad de la utilidad para el contratista, no determina la tarifa que debe ser aceptada.

Según Gente Oil, las reservas utilizadas en la negociación correspondían al valor oficial de reservas declarado en el Libro Nacional de Reservas. “Antes de su adjudicación a DGC, el campo Singue no había sido explotado desde 1997”, cuando fue cerrado por Petroecuador.

Contraloría señala que utilizando el 100% de las reservas en la simulación financiera usada por el equipo de negociación, la tarifa “debió ser” de $ 32,45. Según Gente Oil, la tarifa fue negociada en el proceso que duró tres meses y se redujo de $ 34,5 a $ 33,5.

“El precio fue el resultado de una negociación prevista en los pliegos. Las bases de la licitación no establecen que la Secretaría debía calcular una tarifa e imponerla a DGC. No existe una norma legal, reglamentaria o de las bases de la licitación que le habría obligado al Consorcio DGC a aceptar la tarifa que le imponga el equipo negociador. Si insistían en la tarifa inferior a la acordada, el contrato no se firmaba, por lo tanto, el Estado no recibía todos los beneficios económicos que el contrato le ha reportado”, aclaró.

Contraloría alega también que la transferencia del contrato no debió aprobarse por cuanto Gente Oil Ecuador no justificó solvencia técnica y financiera. La aludida dice que sí lo justificó.

“La oferta presentada fue por $ 27,8 millones de inversión y la perforación de tres pozos. Para la fecha en la que se aprobó la transferencia la Compañía invirtió más de $ 80 millones y perforó seis pozos, con aprobación previa de la Secretaría de Hidrocarburos y auditado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero)”, concluyó. (I)