En cinco años, la producción del Campo Singue por parte del Consorcio DGC (formado en un inicio por el 60% de acciones de Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros CIA. LTDA. y el 40% por Gente Oil Development Ecuador LLC), le representó al Estado ingresos por $ 400 millones, incluidas tasas e impuestos.

Además, en ese lapso ha significado una inversión que superó en 500% a lo estipulado en el contrato, que era de $ 28 millones en 20 años. Se invirtieron $ 123 millones en facilidades de producción, que quedarán para el Estado al final del contrato (2032).

Se calculaba en dos millones de barriles de crudo la reserva en Campo Singue, pero con la inversión y perforación de nueve pozos se produjo hasta ahora seis millones de barriles.

Por la naturaleza del contrato, en Campo Singue no ha requerido ninguna inversión del Estado, pues ha sido a riesgo del contratista.

La adjudicación del campo a DGC se efectuó tras la Décima Ronda Petrolera que inició el 19 de junio de 2011, se negoció durante seis meses, se firmó el contrato en abril de 2012 y se lo entregó oficialmente en julio de ese año.

En seis años (1991-1997), Campo Singue tuvo una producción de 447.000 barriles, tras lo cual quedó abandonado 15 años, sin generar ningún beneficio, hasta que el Estado abrió a licitación.

Gente Oil, que al final completó el 100% de acciones con el retiro de Dygoil, desde el 1 de agosto pasado está inmersa en tres procesos (penales y administrativos) luego de que Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal y económica por un perjuicio al Estado de $ 5,2 millones, debido al pago incorrecto de la tarifa por parte del Estado a la compañía por cada barril de crudo explotado.

A pesar de los descargos y explicaciones, Contraloría se ratifica en la glosa.

Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil,  dice que es “absurdo” lo que sucede, ya que se les adjudicó el contrato tras un proceso internacional de licitación, en donde las ofertas fueron evaluadas por cuatro comisiones, contó con las recomendaciones del comité de licitaciones y se basó en la ley.

Colaboraron con las instancias legales internas, pero al no tener respuesta, el pasado 6 de abril iniciaron un arbitraje contra Ecuador sobre el Contrato de Prestación de Servicios del Campo Singue.

Gente Oil confirmó ayer que el arbitraje inició porque Ecuador incumplió el contrato y la Contraloría “sin ningún sustento legal pretende de forma unilateral recuperar $ 1,05 por cada barril producido ($5’234,132.38 en total) de la tarifa pagada, sin considerar que lo cancelado a la firma ni siquiera ha sido suficiente para cubrir las inversiones”.

El arbitraje se llevará a cabo bajo las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y será administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Pastor considera que el conflicto se da por razones “políticas”, por la relación con su progenitor quien colaboró con el gobierno anterior. “Mi padre fue ministro de Recursos no Renovables, él sale en 2013. Esto es un proceso licitatorio, no a dedo. A mí me contactaron cuando ya estaban firmados los contratos. Pensar que el ministro direccionó o podía manipular a los inversionistas internacionales no es posible”.

Remarcó que desde agosto pasado están en un proceso penal. “Me entero del informe de Contraloría por televisión, ni la compañía sabía. Me presenté en la Fiscalía, mi padre está aquí defendiéndose al igual que 25 personas que no han hecho nada ilegal”. (I)

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