Con la presencia de los diez primeros testigos de la Fiscalía y de la acusación particular, el pasado miércoles, se reinstaló la audiencia de juzgamiento de 49 ciudadanos implicados en el desvío ilegal de fondos del Ministerio del Ambiente (MAE).

En  el segundo día de  audiencia, que inició a las 09:00, los jueces del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha escucharon las intervenciones de varias personas, entre ellas las del representante jurídico del MAE, Darío Del Salto, quien relató la forma como se habría desarrollado el delito.

Aclaró que las autoridades financieras de la cartera de Estado se percataron de que no existían recursos en sus arcas, justo cuando debían pagar viáticos a una funcionaria que pretendía viajar al extranjero.

Luego de las primeras investigaciones, dijo Del Salto, se habría determinado que las claves de dos servidoras del área financiera habrían sido manipuladas para desviar más de 7 millones de dólares a cuentas personales, por lo que se denunció el hecho en la Fiscalía.

Debido a que son más de cien testigos de  las partes procesales, los jueces del Tribunal resolvieron que se escuchará a diez cada día, hasta terminar la recepción de los testimonios y  la presentación de las pruebas. 

En la audiencia se juzga a cinco exfuncionarios del Ministerio de Ambiente y a 44 personas particulares, presumiblemente, propietarias de las cuentas a donde fueron desviados los fondos públicos.

DATOS

En mayo de 2012, el Ministerio del Ambiente (MAE) determinó que había un desvío de fondos, delito que se investigó por apropiación ilícita y fue sumado al de peculado, por el cual  hay 36 involucrados prófugos.

El pasado 31 de enero, el juez Octavo de Garantías Penales de Pichincha dictaminó medidas cautelares sin prisión a 5 personas más, que fueron vinculadas al caso del desvío de fondos del MAE. La decisión fue tomada con base en la petición de la Fiscalía General del Estado.

El 14 de febrero se revisaron las medidas cautelares que se habían dictaminado a 15 personas vinculadas. Se dictó prisión preventiva a 7 personas, entre ellas dos exfuncionarios del MAE, pero fue sustituida por la prohibición de ausentarse del país y presentarse de manera obligatoria y periódica ante el juez de Garantías Penales o autoridad de turno.