El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), archivó la petición de 117 exfuncionarios del Banco Central del Ecuador (BCE) que se jubilaron antes de cumplir 45 años, presentada en el año 2012, con lo que el Estado ecuatoriano se evita de pagar cerca de $ 42 millones, informó la Procuraduría. 

Estas personas acusaban al Estado de presunta violación a sus derechos a la seguridad social, protección a la familia, nivel de vida adecuado y salud, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En un boletín, la Procuraduría General del Estado señaló que dicho Comité acogió sus argumentos y decidió que está impedido ratione temporis, de examinar las alegaciones de los autores con relación al artículo 9 del PIDESC, por lo que las mismas son "inadmisibles".

Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de exservidores del Banco Central del Ecuador. De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos.

La supresión de las pensiones fue un acto derivado de una serie de procesos de verificación por parte de los entes estatales de control, que dispusieron la revisión de las pensiones de un fondo complementario de exservidores que procedieron a jubilarse antes de cumplir 45 años de edad biológica a través de la figura de "compra de requisitos" (compensación en tiempo o pago de aportes anticipadamente).

El 5 de octubre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuya Disposición General Tercera, prohibió a los mencionados exservidores seguir beneficiándose de la citada prestación adicional.

Según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta $ 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre $ 45.441 hasta $ 779.410.

Según el mismo informe, el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez como sucedió en el caso de los peticionarios, produjo que, por ejemplo, solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de $ 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de $ 300 mil cada uno.

En suma, hasta 2007, el monto de pensiones pagadas del FCPC fue de alrededor de $ 100 millones, en tanto que las pensiones por pagar de acuerdo a la esperanza de vida son de $ 141 millones aproximadamente. Así, el costo total de pensiones por vejez se estimó en cerca de $ 243 millones.

El proceso judicial duró aproximadamente 18 meses, explicó la Procuraduría. "La defensa jurídica del Estado logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación", añade. 

Explica que el pago a estos 117 servidores "hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio". Solo en devolución prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses, y considerando la expectativa de vida, el monto reclamado alcanzaría un valor de alrededor de $ 42 millones, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales ($ 1'400 mil aproximadamente), [1] costas y gastos, y deudas de créditos adquiridos por los peticionarios que solicitaban se suspendan ($ 700 mil aproximadamente). (I)