La Defensoría Pública inició el pasado lunes 17 el  registro de los consultorios jurídicos del país -dirigidos a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria- para obtener la respectiva acreditación o autorización de funcionamiento.

Según el sitio web de la institución (www.defensoria.gob.ec), actualmente hay 59 estudios jurídicos en 18 provincias, adscritos a facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades legalmente establecidas, gobiernos autónomos descentralizados, gremios profesionales, organizaciones comunitarias y de base, y asociaciones o fundaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que funcionan en el país.

DATOS

La Defensoría Pública inicia el proceso de acreditación cumpliendo lo dispuesto en los artículos 193 de la Constitución, el artículo 286, numeral 9; 292, 293, 294 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en el Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, publicado en el  Registro Oficial No. 4, del 30 de mayo de 2013.

La ley concede el plazo de 30 días a partir del 17 de junio de 2013 para que se inscriban a través de la página web: www.defensoria.gob.ec, por lo tanto el plazo corre hasta el 17 de julio de 2013.

Los consultorios jurídicos  que brinden asistencia gratuita y que no obtengan la autorización, no podrán funcionar.Uno de esos estudios, en Guayaquil desde hace casi 40 años, es el  de la Universidad Católica, de las calles Padre Solano y Tungurahua, donde, tanto  los abogados tutores como los estudiantes de Leyes que allí realizan las prácticas, brindan asesoría legal en casos relacionados a derecho de alimentos, derecho de alimentos a mujeres embarazadas, tenencia y visitas a menores, adopción, medidas de protección, recuperación de menores, divorcios, etc.

Jonás Macías, secretario de abogados del consultorio jurídico, hizo énfasis en que antes de iniciar cualquier litigio legal y como política establecida, las partes son invitadas a llegar a un acuerdo pacífico por medio de la mediación. Entre los años 2010 y 2012 solo ese centro en Guayaquil atendió a 15.919 usuarios por diversas causas.

Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría Pública, explicó que  el objetivo es superar el tradicional concepto de formar un consultorio jurídico “para pobres”  y  reemplazarlo por una asistencia jurídica transformadora y de calidad, situándose, además, no precisamente en los campus sino en las zonas de las urbes donde más se necesiten, acercando la justicia a la ciudadanía. El funcionario prevé que hasta el 17 de julio se acreditarían unos 120 consultorios jurídicos.

Los centros de educación superior que tengan en su malla curricular la carrera de Derecho deben contar  con consultorios gratuitos, en donde los estudiantes egresados asesoren a personas de escasos recursos que requieran asistencia legal.

En Guayaquil, los consultorios están ubicados en 8 universidades: la Católica, Universidad de Guayaquil, Laica Vicente Rocafuerte, Espíritu Santo, Metropolitana Guayaquil, Universidad del Pacífico, Espol y Ecotec.

En Quito son 11 las universidades que cuentan con este servicio. Están la Metropolitana, la Pontificia Universidad Católica, Sek, Central, San Francisco de Quito, De las Américas, De los Hemisferios e Internacional,  Tecnológica Indoamérica, Universidad del Pacífico e  Iberoamericana del Ecuador.