El venezolano Gabriel Jumaico Cirilo, de 60 años, permanece recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil (CRSV-G) desde el 27 de septiembre de 2011, cuando fue detenido en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo  con 39 cápsulas de cocaína (1.310 gramos) en su organismo.

Luego de cerca de seis meses, el Octavo Tribunal de Garantías Penales del Guayas le dictó una sentencia de 8 años de reclusión mayor extraordinaria, tras haber determinado responsabilidad en el delito de tenencia y transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Así como Jumaico, en las cárceles del país, permanecen recluidos  1.725 extranjeros, más de la mitad son colombianos, y alrededor del  70% cumple condenas relacionadas con el tráfico de drogas, según un informe difundido por la Subsecretaría de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia.

De ellos, el 5,72% procede de Colombia, el 0,81% de Perú, el 0,13% de Estados Unidos, el 0,21 de República Dominicana, el 0,16% de México, el 0,60% de España y el 2,55% es de otras nacionalidades. El informe señala, además, que tres de cada cuatro personas adultas en conflicto con la ley (76%) son de sexo masculino.

El 70% por narcotráfico

Ellos, la mayoría, recibieron condenas relacionadas con el tráfico de drogas (70%), un 16% por delitos contra la propiedad  y el 14% por infracción contra las personas.

Sin embargo, el estudio remarca que los presos extranjeros son   más vulnerables -que los nacionales- porque no tienen redes de apoyo y reciben menos visitas, desconocen las leyes locales y carecen de una buena protección legal y,   además, un amplio porcentaje tiene  un bajo nivel de educación.

“Si bien la cifra de extranjeros presos apenas supera el 10% de la población penal (que asciende a unos 16.828 reclusos), sigue incrementándose cada año, producto de un  mayor flujo de foráneos que visita el país”, indicó Carlos Fuentes, funcionario del CRSV-G,    donde está recluido un  29,24% de la población carcelaria del país (4.921 internos, de los cuales solo 1.638 están sentenciados).

Sin embargo, el supuesto incremento de la delincuencia   no puede ser atribuido a la política migratoria (apertura de visado) que el Gobierno  implementó en el territorio nacional  desde 2008, así lo sentenció el presidente de la República, Rafael Correa, luego de  que  revelara las conclusiones de un estudio interinstitucional y estadístico de seguridad ciudadana.

El Primer Mandatario leyó el resultado durante el enlace ciudadano Nº 267, efectuado en la población de Cutuglagua (Pichincha), y destacó  que no ha sido la política de “puertas abiertas” que implementó el actual régimen  la causante de   que haya más inseguridad en el país.

Correa indicó que si bien es cierto  que desde  2008 se incrementó la cantidad  de presos extranjeros, esto se debía a la falta de rigor en la administración de justicia, puesto que  los jueces  amparados en la Constitución, aprobada ese mismo año, empezaron a  dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que generó impunidad.

Preocupación

Esta situación preocupa al director de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Judicial, Marco Serda, quien afirmó que -según una evaluación realizada  a finales del año pasado- al menos   el  65% de las bandas delictivas capturadas estaba integrado  por algún extranjero.  “Especialmente de las fronteras norte y sur”, dijo el jefe policial.

Un ejemplo de esos casos se dio el pasado 19 de febrero en  Carchi, donde tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas, en el   centro de Tulcán, cuando trataban de cobrar $ 3.000  como parte de una extorsión a un ciudadano  por la suma de $ 10.000.

De acuerdo a las investigaciones policiales, los extranjeros, que tenían el estatus  de refugiados, también   extorsionaban a los habitantes de las parroquias Julio Andrade y El Carmelo.

Se analizarán nuevas  medidas

Correa señaló que en ese punto hay  una falta de control en el otorgamiento del estatus de refugiado   a los cerca de 56.000 asilados en el país, lo que equivale al 0,39% de la población, por lo  que se adoptarán medidas al respecto.

Finalmente,  la investigación revela que dos de los principales grupos de presos extranjeros provienen de países a los que Ecuador no exige visa desde junio de 2001, mediante un acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que son a colombianos y peruanos. Mientras que,  Ecuador nunca   ha solicitado visa a los españoles.