El presidente Rafael Correa afirmó que el Gobierno Nacional esperará conocer por escrito la decisión tomada hoy por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que aceptó la casación a la sentencia en contra de la dirigente del Movimiento Popular Democrática (MPD), Mery Zamora. La maestra había recibido -en las instancias anteriores- una pena de 8 años de cárcel por sabotaje y terrorismo por su supuesta actuación en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010. Con el fallo de hoy de la CNJ, Zamora fue declarada inocente.

"Hay algo muy raro aquí, Dios no quiera que hayamos vuelto al viejo país. No tenemos todavía la sentencia, pero el primer informe nos dicen que el argumento (tomado por la Sala) fue que no hubo delito, porque no se suspendieron las clases porque ya estaban suspendidas", dijo Correa en un conversatorio con medios de Comunicación en Riobamba, al tiempo de recordar que Zamora fue acusada de haber interrumpido las clases en el Colegio Aguirre Abad de Guayaquil para llevar a los estudiantes a las manifestaciones del 30-S.

"Mery Zamora sacó a los chicos del Aguirre Abad a las 10:00 y las clases se suspendieron a las 12:00, como es de conocimiento público", recordó el Jefe de Estado.

Correa dijo que en caso de que sea cierto que Zamora fue absuelta "porque las clases ya se habían suspendido" se trataría de "una grosera mentira y se tendrá que acudir a todas las instancias para sancionar aquello, de ser cierto aquello. Esperemos la sentencia por escrito, es muy grave lo que está ocurriendo".

Defensa de Zamora no descarta demandas

Zamora, al conocer el fallo de la CNJ, señaló que es una muestra más de su inocencia y no descartó que, junto con sus abogados, vaya a presentar una demanda penal por haber sido imputada por un delito que no cometió.

La exdirigente de la UNE fue sentenciada a 8 años de reclusión por el Tribunal Décimo de Garantías Penales de Guayas en mayo del 2013.

De su lado Juan Vizueta, abogado de Zamora, indicó que de esta manera se establece que hubo una violación a la ley, "en el sentido de que por ningún concepto los hechos que fueron generados el 30S en el colegio Aguirre Abad, podían ser subsumidos a esta figura del terrorismo y sabotaje".

Añadió que con la resolución queda claro el hecho de que ha existido una falsa imputación del delito en contra de su defendida. "Vamos a ejercer las acciones respectivas" contra el Estado ecuatoriano, y luego se ejercerá el derecho de repetición "contra cada uno de los funcionarios que han intervenido dentro de este proceso", sostuvo el jurista.

Paulina Garcés, representante de la Fiscalía, sostuvo que esta instancia respeta la decisión tomada hoy por la CNJ.