El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de justicia ratificó el lunes 7 de septiembre, la sentencia de 8 años de prisión por delito de cohecho contra el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas.

La sentencia también se aplicó para altos funcionarios de su régimen y representantes de 10 empresas privadas que entregaron dinero a cambio de recibir los contratos de obras con el Estado. 

El Tribunal dio lectura al dictamen, que entre otras cosas, advierte que el expresidente perdió la posibilidad de postularse para algún cargo político de manera definitiva. 

Al concluir la lectura de la sentencia, los abogados de las partes procesales advirtieron que acudirán a otros recursos porque no están conformes con lo que dictaminó el Tribunal. 

En esa línea, Diario EL TELÉGRAFO consultó a tres expertos para que expliquen los términos legales de que si es posible o no presentar otros recursos.

El Tribunal de Casación puede aceptar o en su defecto negar y ratificar la sentencia. En el primer escenario, la jurista Ana Cristina Ruiz, explicó que “el Tribunal puede ser que acepte el recurso a algunos procesados, cambiando la pena o ratificando estado de inocencia”.

El penalista Milton Román, en cambio, detalló que las modificaciones de la pena pueden darse por la autoría o nivel de participación que pueda existir. "En derecho penal no es lo mismo quien realiza o domina el acto, es decir, quien dispara de forma directa, que la persona que está junto, viendo que no llegue nadie auxiliarle. El grado de participación es distinto y afectaría la pena", resumió.

Por otra parte, si ratifican la sentencia, aunque la casación es el último recurso de un proceso penal, ésta no se ejecutará de inmediato.

El Tribunal tiene hasta 10 días para notificar la sentencia por escrito. Una vez notificados, los sentenciados tienen tres días para interponer recursos de aclaración y ampliación que no cambiarán el contenido del fallo.

"Será simplemente para alargar un poco más el tiempo porque una vez concluido ese término, la sentencia queda ejecutoriada. En el caso de sentencia condenatoria, los jueces emitirán las órdenes de encarcelamiento para los posibles sentenciados", precisó Ana Cristina Ruiz.

El penalista Román añadió que después de la ampliación y aclaración, automáticamente se aplica la sentencia y las penas accesorias. "En el derecho penal, lo primero que se pierde es la libertad. Después son las accesorias como perder derechos para votar, la inhabilitación política. En el caso de los contratistas, la prohibición de tener relación contractual con el Estado".

¿Otros recursos?

Una vez que el fallo definitivo entre en vigencia, la defensa de los sentenciados podrá recurrir a la justicia constitucional e incluso a cortes internacionales.

Así lo señaló el constitucionalista Emilio Suárez, quien se refirió a la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. “Es una nueva acción que se activaría en la vía constitucional y lo único que se discutirá es si en el proceso penal se violó el derecho al debido proceso".

El experto señaló que los sentenciados podrían interponer esta acción a los 20 días a partir de que la sentencia está ejecutoriada. “Esta figura no tiene efectos suspensivos, es decir, no suspende la ejecución de la sentencia ni de las penas.”, explicó.

Si el organismo constitucional inadmite el pedido, tienen la alternativa de ir a cortes internacionales. Por eso, para el penalista Román, los jueces deben argumentar y motivar su resolución de forma muy técnica y apegada a normativa.

"Si se acepta una demanda en la Corte Interamericana por ejemplo, y que den la razón, inmediatamente se convierten en perseguidos políticos, y podría aplicarse a otros casos como Bucaram", señaló. 

Esta decisión recae en los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, quienes darán a conocer su resolución de forma oral respecto a la sentencia, a las 15:00. (I)

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