Angélica B., quien era fiscal de Manabí, continúa con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita.

La sospechosa de beneficiar a una organización narcodelictiva pidió -el domingo 9 de abril- que le sustituyeran la medida cautelar, pero el juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil (donde se investiga el caso) negó la solicitud.

La funcionaria, supuestamente, acordó con integrantes de la banda cambiar el tipo penal por el que eran investigados nueve de sus miembros, así pasarían menos años en prisión.

Los individuos fueron capturados en octubre de 2017 cuando cargaban 580 kilos de droga en una avioneta que saldría al exterior desde un aeropuerto abandonado en San Vicente, Manabí.

La funcionaria presuntamente no formuló cargos contra otras personas, usó testigos falsos y responsabilizó de actos ilícitos a quienes tenían rangos menores en la banda.

Esta y otras irregularidades motivaron al Consejo de la Judicatura (CJ) a investigar a jueces y fiscales que trataron temas de narcotráfico.

Gustavo Jalkh, titular de la entidad, informó que en febrero de este año entregó a la Contraloría General del Estado una nómina preliminar de 15 funcionarios, sospechosos de cometer actos irregulares. “Enviamos una lista y el pedido de que aleatoriamente se hagan auditorías de bienes a quienes trabajan en Flagrancia y en la Unidad Penal del complejo judicial Albán Borja en Guayaquil”.

Patricia Morejón, fiscal provincial de Guayas, espera que pidan la documentación que sea para saber a qué fiscales (se investigará). “Habrá que analizar cada caso porque en algunos las decisiones no serán erradas, hay que darle la oportunidad de defenderse al funcionario”.

Agregó que colaborarán con el proceso y que, además como Fiscalía, siempre está pendiente de las denuncias o inconformidad para realizar revisiones jurídicas.

Más casos con irregularidades
En marzo de 2018 una avioneta cayó en el Golfo de Guayaquil. Dos mexicanos que viajaban en la nave fueron detenidos en 2013 con 500 kilos de droga y en cinco años ya estaban libres.

El viceministro del Interior, Javier Córdova (2012-2014), aseguró que ambos extranjeros tenían vínculos con el cartel de Sinaloa.

En enero de este año recuperó la libertad un ciudadano sentenciado (en octubre de 2017) a 16 años de privación de la libertad por organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Otros tres capturados con él -condenados a cinco años y cuatro meses de prisión por el mismo delito- también fueron liberados.

En agosto de 2017, en el sector Colinas de la Alborada los agentes detuvieron a tres personas y decomisaron 500 bloques con cocaína y $100.000.

El juez liberó a dos de los sospechosos, la Fiscalía apeló y en la Corte Provincial volvieron a girar las boletas en su contra, pero hasta la fecha no son recapturados.

En febrero ocho ciudadanos fueron capturados en el operativo ‘Península’ con 700 kilos de droga. A uno de los arrestados se le revocó la prisión preventiva y en otra instancia se lo sentenció a 17 años de cárcel, pero el individuo huyó.

Carlos Alulema, director Nacional de Antinarcóticos, indicó que “nuestro papel es recopilar pruebas, vestigios, rastros para entregar a la administración de justicia a través de Fiscalía y esperamos que los presuntos culpables sean sancionados acorde con la ley”.

Agregó que en caso de que exista una irregularidad le corresponde evaluar al CJ.

El oficial aseguró que la Policía sigue los casos con dos objetivos. El primero consiste en verificar que los procedimientos y los informes que contienen indicios de pruebas tengan el fin que corresponde. “Para eso somos citados a las audiencias como peritos, testigos e investigadores y estamos pendientes de si dejamos algún vacío o cometimos algún error”.

El otro fin es comunicar alguna irregularidad ejecutada de forma negligente o intencionada. (I)