La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) presentará una acusación particular en la causa en contra de la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña por el presunto cobro de diezmos. 

La entidad encontró inconsistencias en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que entregó a la Fiscalía.

El objetivo de la acusación particular de la UAFE será coadyuvar con la Fiscalía en la petición y práctica de la prueba para demostrar tanto la existencia material del delito como la responsabilidad de los acusados. Y solicitarán la reparación económica integral por el daño que el delito ha causado.

La exvicepresidenta renunció al cargo el 5 de diciembre pasado, luego de que se revelara el cobro de diezmos cuando era asambleísta.

El excolaborador legislativo de Vicuña, Ángel Polibio Sagbay, denunció a la exfuncionaria por recibir “contribuciones” en su cuenta personal entre 2011 y 2013.

Señaló -a través de una declaración juramentada del 26 de octubre de 2018- que en un principio los pagos habrían sido de $ 300 mensuales durante un año. Después de que fue ascendido habría depositado $ 1.400 durante un año más.

El viernes 14 de diciembre, el proceso judicial, que interpuso la Fiscalía por el delito de concusión, recayó en la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidida por el juez  Iván Saquicela Rodas.

El 12 de diciembre, la fiscal Ruth Palacios solicitó a Saquicela que se designe día y hora para la audiencia de formulación de cargos.

Hasta el momento no se concreta el pedido de la fiscal Palacios, según consta en el sistema de Consulta de Causas de la Función Judicial.

Una vez que se concrete el proceso penal, la UAFE también interpondrá sus alegatos en contra de Vicuña.

En el informe de la UAFE se encontraron varios depósitos en la cuenta de Vicuña por los supuestos diezmos.

La Fiscalía presentó la acción en contra de Vicuña por el delito de concusión, que según el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

El delito, según el COIP, se comete cuando un servidor público, abusando de su cargo o funciones, exige la entrega de cuotas, contribuciones, rentas, sueldos o gratificaciones no debidas.

Vicuña trabaja hoy en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en Guayaquil. (I)