“Si tienes una necesidad económica, pero tienes un inmueble y quieres venderlo, nosotros te lo compramos cash. Nosotros te lo compramos de contado”, dice el actual juez de Pichincha, Henry Cáliz Ramos en un video que circula en las redes sociales.

En ese producto audiovisual, que dura 1 minuto con tres segundos, Cáliz -quien se presenta como creador de la Constructora Cáliz Barragán- da instrucciones a los interesados de cómo recibir ese supuesto beneficio.

“Primero, comparte la publicación para que más personas se enteren, y, segundo, envíame un WhatsApp al 0997952780 con las palabras Casa Cash”, dice el oriundo de Bolívar a los interesados.

Este video, así como las publicaciones de redes sociales, llevaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) a investigar a Cáliz. La alerta sobre este juez la dio uno de los sujetos obligados por la UAFE a reportar.  

En la UAFE hay 13 sectores que están obligados a reportar, entre ellos el sistema financiero (bancos), concesionarias automotrices, notarías, superintendencias de Bancos, Compañías, etc.

Cáliz ingresó a la Corte Provincial de Pichincha en julio de este año al ganar una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura de Gustavo Jalkh.

La UAFE lo investigó por seis meses en los periodos de 2012 a 2018.

Por ello, en septiembre de este año enviaron a la Fiscalía el Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, o de tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas.

No solo se investigaron los movimientos inusuales en las cuentas del juez, sino que también se incluyó a dos integrantes de su familia: su madre María Ernestina R. y su hermano, Richart C.

Según información de la UAFE a la que accedió EL TELÉGRAFO, Cáliz y su núcleo familiar no habrían justificado $ 1’882.147,22. En este rubro también constaría la empresa Constructora y Ferretera Cáliz Barragán.

En la Superintendencia de Compañías consta que la empresa fue constituida el 9 de enero de 2008. En el árbol accionario figuran como representantes tanto Cáliz, con $ 10’050.000, como su hermano Richart, con $ 350.000.

En 2017, según la Superintendencia de Compañías, los activos corrientes fueron de $ 196.397,16. Mientras que el total activo no corriente fue de $ 194.978,02.

En cambio, el total de pasivos que se registra en la Superintendencia del año pasado asciende a $ 323.167,94. En el reporte de la UAFE, la Constructora y Ferretera Cáliz Barragán tiene tres vehículos, uno de alta gama.

Este automotor fue adquirido por la compañía en 2013 y costó, según la documentación de la UAFE, $ 85.812. Supuestamente fue cancelado con dos cheques de $ 500 y $ 49.500 y los restantes $ 30.000 fueron financiados. También constan dos vehículos más: uno de $ 27.651, que fue presuntamente pagado con dos cheques, y otro de $ 29.998.

Cáliz es juez desde julio

Cáliz negó a EL TELÉGRAFO que posea vehículos a su nombre. Señaló que llega en bicicleta a su lugar de trabajo en el piso 12 de la Corte Provincial de Pichincha.

Sin embargo, en redes sociales como Instagram, Cáliz publica fotografías de viajes a bordo de vehículos presuntamente convertibles.

Incluso en las redes sociales de las compañías se observa una publicación que dice: “Renta tu convertible por tan solo $ 50 la hora y $ 250 las 24 horas del día”. En la publicidad está el número de teléfono del juez.

Cáliz señaló a EL TELÉGRAFO que aquellas publicaciones “son montaje” y que todo esto es parte de una persecución política en su contra. Sin embargo, en su cuenta personal de Instagram, Cáliz publicó el pasado 15 de julio: “Manteando ando”, junto a una foto presumiblemente a bordo de un auto convertible.

En 2008, este juez ganó un concurso de méritos y oposición para agente fiscal. Es actual docente de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central.

En el sistema de consultas de la Función Judicial hay 15 procesos en su contra, entre ellos por alimentos, divorcio, daño moral, recusación, aprehensión de vehículo, dinero, entre otros, desde 2005 hasta 2018.

Juez argumenta persecución

Cáliz presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Diana Salazar, directora de la UAFE el 14 de diciembre. Argumentó en su denuncia que esa entidad envió a la Fiscalía un reporte con el “objeto de incriminarme falsamente en lavado de activos, seguramente con información inexacta o descontextualizada”. Allí colocó su número de teléfono que también consta en las publicidades.

Justificó aquello asegurando que su número “es público”. Recordó que Salazar fue cercana a los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca.

Salazar, en su cuenta de Twitter, en cambio, publicó el pasado 15 de diciembre: “Como funcionarios públicos estamos expuestos a eso y mucho más, lo importante es no dejarse amedrentar por lobos disfrazados de ovejas. No nos detendremos en develar a quienes usan a la función pública como medio para enriquecerse”.

En la información de la UAFE, el 35% de ingresos de Cáliz son bajo dependencia y el 65% por otros ingresos. Cáliz negó tener esa cantidad: $ 1’882.147, 22. Dijo que “ni reuniendo el patrimonio de mi familia y de dos generaciones tendría eso”.

Sobre Casa Cash afirmó que desde hace dos años, por la ley de plusvalía, la constructora no vende ni compra viviendas. Dijo que solamente tiene una casa en Monjas y otra en Santa Rosa por $ 70.000 u $80.000. Además aseguró que la compañía tiene un auto Prius. (I)