La directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, afirma que las acciones para el retorno de dineros de la corrupción son reservadas, pero hay avances.

¿Cuántas entidades deben enviar reportes a la UAFE?
6.936 personas entre naturales y jurídicas están obligadas a reportar.

¿A qué sectores de la economía representan estos sujetos?
Son 13 sectores que están obligados a reportar, entre ellos el sistema financiero (bancos), concesionarias automotrices, notarías, superintendencias de Bancos, Compañías, etc.

¿Qué proceso se realiza cuando esos dineros fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales?
Iniciamos un proceso de cooperación o asistencia penal internacional. Se involucra a muchos actores, como la Cancillería, en donde deben llegar a la negociación o acuerdo a nivel diplomático para traer los recursos.

¿Cuánto en porcentaje de las detecciones que se realizan representa a la corrupción?
Tenemos algunas tipologías identificadas, que corresponden a actos de corrupción relacionados con servidores públicos nacionales. También detectamos a funcionarios extranjeros. Hay además tipologías relacionadas a narcotráfico, pero en este último tiempo abarca el 50% de los casos de la UAFE los temas de corrupción.

¿Cuántos reportes de operaciones injustificadas revelaron a la Fiscalía?
12 reportes de operaciones desde febrero que estoy en la Unidad. Estos casos tienen que ver con corrupción, minería, uso de recursos bancarios, narcotráfico. Son reservados hasta que se supere la etapa de investigación previa.

¿Incurren más en estos problemas las personas jurídicas o las empresas?
Tenemos 10 personas jurídicas y 14 naturales, entre otros.

¿De qué manera ayuda que la UAFE participe como sujeto procesal en las causas?
A partir de febrero de 2018, cuando asumí la dirección, cumplimos con lo que manda la ley, que estaba en vigencia desde 2016, pero no se lo hacía. No tenemos experiencia de cuán beneficioso es.

Estamos con cuatro acusaciones particulares que presentamos y cuando tengamos las sentencias de los jueces se sabrán los temas de la recuperación, los montos a pagar, las multas, allí sabremos lo efectiva que resulta la UAFE.

¿Los cuatro procesos a qué casos se refieren?
Al caso (Iván) Espinel, otro caso que se derivó de Odebrecht, un proceso en Santo Domingo, como delito de usura por lavado de activos y también el caso de un concejal (Eddy Sánchez) del Municipio de Quito.

¿Son comunes los depósitos fraccionados para evadir a la justicia?
Son varias las tipologías. Una de ellas es el mal uso del sistema  bancario, a través de fraccionamiento con el fin de ocultar y no tener que justificar el origen de los fondos ante la entidad financiera. A esto se lo conoce como “pitufeo”. También se utiliza a terceros para que realicen los depósitos o se pone a nombre de otras personas los bienes.

Considera oportunas las acciones judiciales, por ejemplo, en el caso Espinel, que fue liberado y luego regresó a prisión...
Más allá de las opiniones, los hechos hablan por sí mismos. La UAFE reaccionó conforme lo manda la ley. Ahora tenemos una actuación judicial.

¿En qué entidades se crearon las unidades complementarias de investigación?
Petroecuador y el IESS. Se prevé suscribir convenios con otras entidades.

¿Cuántas denuncias reciben?
Alrededor de 7 u 8 denuncias a diario. Lastimosamente no podemos retroalimentar a los denunciantes porque todo es reservado. Hemos tenido casos en los que quieren usar a la UAFE como instrumento de persecución y esta entidad no se presta a fines políticos ni económicos, somos objetivos y todo lo remitimos a la Fiscalía.

¿Qué pasó con la denuncia de las amenazas que recibió?
No quedó en nada. Fue una decepción para mí la actuación de la Fiscalía. (I)