Dos años después de creada la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad (CV) de la Fiscalía (el 20 de julio de 2010), no hay resultados oficiales de las investigaciones realizadas para esclarecer los casos de violación de derechos humanos a  manos de miembros de la Fuerza Pública. Así lo reveló Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad, quien indicó que no hay ninguna instrucción fiscal de los 118 casos presentados ante esta entidad.

“Nos gustaría decir que unos 10 o 20 pasaron a la siguiente etapa, pero nada aún”, recalcó. Monge recordó que hace un año fue reemplazado el equipo inicial designado para realizar las investigaciones debido a la poca agilidad de los procesos. “Pero aún no ha habido mayor continuidad y no hay un solo caso que no esté en indagación previa”.

Actualmente, en la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía reposan los expedientes entregados por la CV correspondientes a la investigación del período 1984-2008. El resultado de ese informe agrupa más de 600 testimonios de personas afectadas.

Al consultar en la Unidad Especializada, ubicada en Quito, sobre los avances de las investigaciones, se confirmó -mediante el Departamento de Comunicación Social- que se estaba preparando un informe sobre lo solicitado.

Según reportes publicados por la Fiscalía General del Estado, en algunos casos se han realizado diversos tipos de diligencias. Uno tiene relación con la desaparición de los hermanos Santiago (17) y Andrés (14) Restrepo Arismendi, hecho ocurrido hace 24 años en enero de 1988. Los jóvenes desaparecieron en manos de policías del Servicio de
Investigación Criminal (SIC), durante un operativo de control vehicular.

Sus cuerpos aún no han sido encontrados. Actualmente la Fiscalía realiza exámenes de ADN a restos óseos encontrados en el cementerio de El Batán, para determinar si pertenecen a los hermanos Restrepo.

El caso “Sa banillas ”, ocurrido en agosto de 1986, es otro que fue investigado por la CV. Se trata de la detención de 35 jóvenes, incluidos menores de edad, que fueron torturados por miembros del Ejército del cantón Célica, provincia de Loja, mientras participaban de un campamento de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador.

Catorce personas fueron involucradas por torturas, violencia sexual y privación ilegal de su libertad por más de tres días. Uno de los involucrados fue el ex general José Gallardo Román. Según los informes de la CV, no se procesó a los perpetradores de las violaciones.

Otro de los 118 casos es sobre la muerte de Cristhian Valencia Araujo, de 16 años. Todo inició el 19 de septiembre de 2002 cuando el adolescente se encontraba en la tienda de Ruth Balcazar, en el barrio Nueva Esperanza (Guayaquil), y le pidió fiado un caramelo. Balcazar se negó.

Según los expedientes, cuando se iba el muchacho, la mujer le preguntó qué llevaba en las manos, Cristhian las mostró vacías y se fue. Se presume -de acuerdo a las versiones- que Balcazar le dijo a su esposo, el sargento segundo de la Armada Nacional, Kléver Ricardo Vega Sánchez, que el joven le había robado un recipiente con cinco dólares en monedas.

Unas horas después, presuntamente Vega llegó acompañado de tres personas, dos de ellos marinos, hasta la casa del adolescente. El informe de la CV narra que los hombres le pusieron una funda en la cabeza y lo subieron al balde de una camioneta. Ocho horas después Cristhian regresó a su casa, con golpes y heridas en el cuerpo.

El niño relató cómo fue agredido en una bodega en el Guasmo Sur. Su madre, Carmen Valencia, quiso poner la denuncia, pero su hijo le rogó que no dijera nada, porque lo habían amenazado de muerte.

El joven vomitó sangre y fue hospitalizado varios días, pero su salud no mejoraba. Finalmente Cristhian murió el 9 de septiembre del 2003. El informe de autopsia reveló que fue por causa de anemia y una infección generalizada en todos los órganos.

“Mi hijo fue torturado, plagiado por cuatro miembros de la Armada Nacional...”, dijo Carmen, quien aún pide justicia todos los miércoles en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas.