Con la denuncia de que habría más de 1.091 casos de personas desaparecidas en Ecuador en los últimos 18 meses, los familiares de aquellos sobre quienes no se tiene pista de su paradero plantean al Gobierno que se declare una “emergencia nacional de seguridad ciudadana”.

Este es uno de los 11 puntos que la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presentó a las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscalía y Ministerio del Interior, y que en estos días espera llevar también al presidente Rafael Correa como parte de una propuesta para fortalecer la búsqueda de sus parientes y conocidos.

DATOS

En lo que va de 2013 se habrían registrado al menos 228 casos de desapariciones de personas en Ecuador, 89 de las cuales fueron halladas, 69 regresaron a sus hogares, 20 no regresaron y 4 fueron encontradas muertas, según informó en una reciente entrevista el Gral. Marcelo Rocha Escobar, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional.

A nivel nacional, en 2012 hubo 863 denuncias. De estas, 341 personas fueron encontradas y se confirmó que al menos 89 salieron de sus casas de manera voluntaria, 81 no quisieron volver a casa, 206 no aparecen, 19 fueron halladas muertas y en 297 casos no hay indicios de que la denuncia haya sido levantada.

Del 2000 al 2012 la Policía ha recibido un total de 14.358 denuncias de personas desaparecidas. La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen) tiene archivados alrededor de 1.600 casos.

Uno de los últimos casos más conocidos es el del joven quiteño David Romo, quien desapareció el pasado 16 de mayo, luego de salir de la universidad

Un encuentro de familiares y amigos de extraviados se realizaría el 3 y 4 de octubre próximosEntre sus planteamientos constan la conformación de un cuerpo especializado que actúe de manera inmediata en la búsqueda de los desaparecidos y la creación de una unidad de “investigación” integrada por fiscales especializados, en ambos casos dotados de los recursos económicos, técnicos y tecnológicos que permitan su operatividad.

Como respuesta, el viernes 19 de julio el ministro del Interior, José Serrano, suscribió el acuerdo mediante el cual la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) se eleva a Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, desaparecidos y secuestros.

Esta nueva Dirección, que operará a nivel nacional, con sede en Quito, se encargará de aportar con las evidencias suficientes para la resolución de casos. “No toleraré la ineficiencia de los agentes policiales asignados. Serán sancionados por cualquier tipo de corrupción o negligencia en su labor”, dijo Serrano.

Adicionalmente, se conformaron mesas de trabajo presididas por un agente de la Policía Judicial (PJ), con el fin de revisar cada caso denunciado y con ello dar seguimiento al trabajo hasta hoy realizado.

De su parte, la Fiscalía General del Estado se comprometió a disponer  que un solo fiscal lleve los casos que se investigan en Pichincha y se designó a un coordinador que sirva de enlace con éste y las familias de las personas desaparecidas.

45 familias unidas

Otro de los puntos que mayor análisis tendrá es la propuesta para que se tipifique como delito, dentro del Código Penal ecuatoriano, la “desaparición involuntaria de personas”. Se busca incluir este tema en el proyecto de reforma integral a la ley que se discute en estos momentos en la Asamblea Nacional.

Luis Sigcho, presidente de la Asociación que promueve esta iniciativa, indicó que el objetivo final es esclarecer los hechos que provocan la desaparición de sus seres queridos y amigos. “Veo que se están agilizando las investigaciones y me satisface que la Judicatura, la Policía Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior nos estén ayudando”, dijo el titular de la Asfadec, que por ahora integra a 45 familias de Quito, Ibarra, Riobamba, Loja, Manta, Milagro y Guayaquil.

Sigcho, por ejemplo, busca a su hijo Luis Daniel, quien desapareció hace 5 años. La última vez que se lo vio estaba afuera de una discoteca. Desde entonces su padre ha dedicado buena parte de su tiempo disponible a su búsqueda.

Daniel había asistido a celebrar el cumpleaños de su hermano, en San Rafael. Fue alrededor de la una de la mañana del 4 de octubre que se retiró, y ante la demora del taxi que habían llamado, se separó del grupo para dirigirse a su casa. Desde entonces no aparece.

Y esa misma impotencia de no saber qué sucedió con su hijo, sumado a los problemas similares que observa en quienes ahora conforman la asociación que lidera, lo lleva a plantear que, al igual que se hace para capturar delincuentes o como se hizo con el 30-S, se inicie una campaña de compensación a quien dé alguna pista en los casos de las personas desaparecidas.

Piden plan de recompensa

En principio, ellos plantean que se desarrolle una campaña internacional denominada “Desaparecid@s” y que se destinen unos 200 mil dólares para las recompensas.

Sin embargo, esto debe ir acompañado de una amplia difusión de los casos que se denuncien y cuya desaparición se confirme, a través de un proceso investigativo preliminar, no sea voluntaria.  

También impulsan un encuentro de familiares y amigos de aquellos que hoy, por motivos desconocidos, se hayan extraviado. Dicha concentración se realizaría el 3 y 4 de octubre próximos, realizando un llamado a la unidad nacional por el derecho a la vida, con la máxima de “Verdad, justicia y reparación”.

Sobre el planteamiento de declarar la “emergencia nacional en seguridad ciudadana”, el titular del CJ, Gustavo Jalkh, aseguró que se analizará a profundidad toda la propuesta presentada, al tiempo que consideró que este tema debe manejarse con la más absoluta responsabilidad.

LA BÚSQUEDA DEBE SER INMEDIATA

Ante las quejas de que la Policía recién inicia la búsqueda cuando han pasado 72 horas de que una persona haya desaparecido, una fuente del Consejo de la Judicatura recordó que existe un “Protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, perdidas o extraviadas”, emitido por ese organismo en noviembre de 2012.

Según dicho documento, la investigación de estos casos debe ser asumida por el Estado “como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.

Además, se aclara que las acciones de “búsqueda, investigación y localización de las personas extraviadas” deberá iniciarse “de oficio e inmediatamente”, a fin de cumplir con la asistencia oportuna a los familiares de quienes enfrentan este problema.

MUCHAS SON DESAPARICIONES VOLUNTARIAS

La cuenta en la red social Facebook “PersonasDesaparecidasEcuador” es una de las que más informan al respecto. En esta se encuentran historias diversas, muchas de ellas reflejan que algunos casos, pese a las angustias que enfrentan sus familiares, llegan a feliz término. En esa misma página se cuenta también que algunas veces los desaparecidos son hallados en casas-hogares o la cárcel.

Además, como señaló Víctor Hugo Vinueza, director nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en un reporte publicado por EL TELÉGRAFO en junio pasado, en el caso de los menores de edad, de cada 100 causas al menos 57 tienen relación con el abandono voluntario del hogar, 21 con el no retorno a casa después de salir del plantel educativo y 13 son desapariciones por cuestiones sentimentales.

LA FISCALÍA COLOMBIANA PODRÍA AYUDAR

Ante la posibilidad de que un equipo de la Fiscalía de Colombia especializado en la búsqueda de personas llegue al país en los próximos días para indagar el caso de Carolina  Garzón, la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador pide que se aproveche esta coyuntura para cruzar información general sobre cómo realizar búsquedas más precisas.

Carolina Garzón, una joven colombiana que llegó a Ecuador como turista junto con 4 amigas, desapareció el 28 de abril del 2012. Luego de un intenso  rastreo y de las investigaciones efectuadas, la Fiscalía ecuatoriana concluyó, en su informe, que “el río Machángara se la llevó”.

Su padre, Walter Garzón, rechaza esa versión e insiste en la búsqueda de su hija. El Gobierno colombiano ofrece una recompensa por informes.