La Fiscalía vinculó a 6 personas al proceso que investiga una presunta estafa en el caso Proinco.

Esto, luego de una audiencia se realizara ayer, lunes 3 de octubre, en la Unidad Judicial Penal de Pichincha, ubicada en el centro norte de Quito.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía, los nuevos vinculados se habrían desempeñado como accionistas de 3 empresas relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco: Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A.

El 11 de junio pasado, la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa. Este ciudadano habría recibido altas sumas de dinero, a través de empresas que no estaban autorizadas.

La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.

Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar por sus depósitos intereses más altos. Se presume que con engaños se seguía captando el dinero, sin autorización de los organismos de control.

María Susana Rodríguez, fiscal de la causa, estas compañías habrían recibido dinero de sus clientes a través de “Acuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios”, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio pagaban dinero a plazos.

Según Rodríguez, las personas asumieron que iban a invertir en Proinco, pero realmente lo hacían en sociedades anónimas no reguladas por la Superintendencia de Bancos. Además, estas empresas estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y presentaban irregularidades administrativas.

La fiscal añadió que la Superintendencia de Bancos certificó que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.

Tras la audiencia, la jueza Karen Matamoros dictó prisión preventiva contra 3 procesados y medidas sustitutivas para los otros tres, estas son la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente. Con esta nueva vinculación, la instrucción fiscal durará 30 días más. (I)