La Sala de lo Penal del Azuay ratificó la sentencia de culpabilidad de dos procesados por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, según comunicó hoy la Fiscalía.

El Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay impuso a los 2 procesados la pena de 4 años de prisión.   La providencia escrita fue emitida por la Sala el 25 de febrero de 2015, en vista que la audiencia de nulidad y apelación se realizó el 9 de febrero del 2015, explica la Fiscalía.  

La Sala desechó los recursos de apelación y nulidad, planteados por los recurrentes Clemente A. (exgerente) y Raúl C. (exoficial de cumplimiento).  Además la Sala rechazo  el pedido de la Fiscalía que planteó el incremento de la pena a 5 años de prisión.

El fiscal Provincial del Azuay, Lizandro Martínez Andrade, dijo que el Tribunal no consideró las agravantes expuestas por la Fiscalía en su teoría del caso, durante la audiencia de juzgamiento, desarrollada en junio de 2014.  A los procesados también el Tribunal les impuso el pago de una multa de $70745.864,60 , monto que corresponde al doble del dinero con el que se habría cometido el delito.  

El Tribunal además ratificó la inocencia Aldo C. (exdirector financiero) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, contra quien la Fiscalía no presentó dictamen acusatorio. Además dispuso que se decomise dos vehículos de Clemente A., que fueron adquiridos cuando el sentenciado laboraba en Coopera.  

También se ordenó la extinción de las 12 empresas, que según las investigaciones de la Fiscalía fueron de ‘papel’.

Estas se constituyeron con documentación falsa.  La Fiscalía comprobó que, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por $ 35372.937, a las cuentas de estas empresas.

 Las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria y químicos. La Fiscalía detectó que esos productos no se elaboran en nuestro país. Además eran vendidos con precios sobrevalorados.  En este proceso de lavado de activos otros 6 ciudadanos están procesados. Tres de ellos son venezolanos, quienes deberán ser juzgados en su país, debido a que no es posible su extradición.