El fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez Reina, presentó 23 pruebas testimoniales y periciales, y 15 documentales para sustentar la acusación en contra del excontralor general del Estado, Carlos P. y su hijo Jhon P.

El fiscal los considera autor directo y cómplice del delito de concusión, en el caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

El martes 29 de mayo, en el segundo día de  juicio, el tribunal penal integrado por los jueces nacionales, Eduardo Flores (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez, concluyeron la recepción de las pruebas de la Fiscalía y de la defensa de Carlos P., no así de Jhon P, que no presentó.

Jorge Zavala Egas, abogado de Jhon P., indicó que no lo hacen porque su cliente es inocente, ya que no hay absolutamente nada que lo vincule con el hecho principal del supuesto delito cometido entre 2009 y 2011. “No tenemos nada que probar”, aseguró.

“En el peor de los casos puede ser otro delito, como encubrimiento del hijo al padre, pero no concusión, no existe”, reiteró.

Según el fiscal Pérez, Carlos P. habría exigido a Odebrecht $ 10,1 millones. De estos, $ 6 millones a cambio de desvanecer glosas en contra de la constructora por un valor estimado en los $ 70,7 millones. Los restantes $ 4,1 millones por la emisión de informes favorables de la Contraloría en cinco proyectos estratégicos en los que participaba la empresa brasileña en Ecuador.

A su vez, Jhon P. habría colocado $ 1,7 millones en las empresas Cosani ($ 1 millón) y Plastiquim ($ 700 mil).  El procesado simuló créditos de la empresa Venture Overseas de su propiedad.

Parte de esta cifra se habría conseguido por medio de coimas transferidas por Klienfeld, offshore que Odebrecht habría utilizado para el pago de sobornos.

En la audiencia se reprodujo el audio de la conversación entre Carlos P. y José Conceição Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, en el que se detalla la forma de pago que habría exigido el excontralor para favorecer a la constructora.

De igual manera, dos testigos comparecieron a través de videoconferencia. Mauricio Neme, propietario de la empresa Plastiquim, lo hizo desde Miami, y Mario Andrade, quien habría brindado sus servicios como asesor financiero, desde Guayaquil.

Luego de ello se presentó en la audiencia el perito William Vergara. Él se encargó de realizar un análisis de transferencias de dinero de las empresas Cosani y Plastiquim, relacionadas con el delito que se investiga.

Julio Vasco, abogado de Carlos P., afirmó que Fiscalía no tiene tesis porque se está basando en el testimonio del delator José Conceição Santos. Además anunció que ha probado la falsedad de la acusación y cuestionó la utilización del audio entre Santos y el excontralor donde se confirmaría el pago de sobornos. “Se violentó el derecho a la intimidad, dijo.

“Se supone que en 2011 se habrían hecho las exigencias de dinero, pero resulta que todavía no se había licitado ninguno de los proyectos, además Contraloría no tenía esa capacidad; es decir es una invención”, remarcó.

Los cinco proyectos en los que Contraloría habría emitido informe favorable para su construcción son: Daule Vinces, Pascuales-Cuenca, La Esperanza, Manduriacu y remoción de tierras en la Refinería del Pacífico.

Alrededor de las 16:00 el juez ponente Eduardo Flores suspendió la sesión hasta este jueves 31 de mayo a las 14:00 en que se continuará con los alegatos de cierre, luego de lo cual el tribunal emitirá su fallo. (I)