La audiencia preparatoria de juicio en contra de siete personas por presunta delincuencia organizada en un contrato para la construcción de un hospital en Pedernales se suspendió hasta el jueves 19 de noviembre. 

Así lo dispuso la tarde de este martes, Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, quien dará lectura sobre su resolución. 

Entre los procesados se encuentra el exasambleísta Eliseo Azuero, quien está en calidad de prófugo, así como otros excolaboradores.

El caso se relaciona con una red de corrupción que se configuró en la construcción del hospital de Pedernales (Manabí).

En la audiencia, Diana Salazar, fiscal General de la Nación, señaló ante el magistrado que se encuentran configurados los elementos constitutivos de delincuencia organizada, donde se estableció que se ejecutó el delito.

Además se dispuso la realización de las actividades con el fin de tener réditos económicos y se establecieron delitos como lavado de activos, peculado y hasta falsificación de firmas. 

Con todos los elementos que se presentaron, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra los procesados Jorge Jalil, Pablo Cruz, Dany Calderón, Miguel Ganchoso, José Párraga y Danilo Véliz en calidad de autores.

Mientras que para el exasambleísta Azuero, se lo acusó autor, bajo la categoría de líder de la organización. En esa línea, la fiscal solicitó el llamado a juicio de todos los acusados. 

Salazar también solicitó que se ratifiquen las medidas de carácter personal. Es decir, la prisión preventiva para los procesados, la retención de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar bienes por la cantidad de $ 8 millones. 

Los primeros ocho sentenciados

La diligencia se lleva a cabo, luego de que ayer, lunes 9 de noviembre, el exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 50 meses de prisión por su participación en este delito.

El juez Marco Rodríguez aceptó la solicitud del exlegislador para acogerse al procedimiento abreviado. Es decir, que reconoció el cometimiento del delito, al igual que otros siete procesados.

El magistrado señaló que Mendoza se valió de su cargo de asambleísta para obtener contratos en esa provincia.

La fiscal Salazar, reiteró que el delito se ejecutó entre 2019 y 2020 en las provincias de Pichincha y Manabí. En estas jurisdicciones se conformó una estructura organizada en la cual, los procesados, quienes prestaban sus servicios como asambleístas y funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob) planificaban las contrataciones de forma ilícita.

El juez de la CNJ determinó que Mendoza es uno de los líderes de la organización por lo que le sentenció en calidad de autor del delito. Además, tendrá que pagar una multa de 10 salarios básicos unificados.

Como reparación integral, el juez ordenó el pago de $ 8 millones que se dividirá en forma proporcional entre todos los sentenciados. (I)