"Una década de injusticia en la que no hemos conocido quién mató a mi hermano". Así resumió Sandra Jiménez los 10 años de la muerte de Froilán Jiménez, agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Hoy se cumplen 10 años de su fallecimiento. Su deceso ocurrió la noche del 30 de septiembre de 2010 durante la evacuación del expresidente Rafael Correa, quien estuvo en el hospital de la Policía mientras había una revuelta policial. En el operativo, el joven fue impactado de bala, causando su muerte minutos después.

La familia del agente no solo quedó marcada por la incertidumbre de quién fue el responsable de aquel disparo, sino también porque hasta el momento, la justicia no ha sancionado a los responsables del operativo ejecutado aquel día.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Pichincha anuló lo actuado en esa causa y el caso regresó a indagación previa. La fiscal Claudia Romero, reabrió la investigación por presunto delito de homicidio.

Fue así que el pasado 24 de septiembre, tras la audiencia de formulación de cargos, la Jueza Luz María Ortiz ordenó la presentación periódica ante la autoridad y prohibió la salida del país para cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Aun así, Sandra cree que la Fiscalía no ha dado importancia al caso por el cual han pasado cinco fiscales y cuatro fiscales generales.

La hermana del agente dijo que no entiende por qué la causa ha sido declarada reservada. Sin embargo, advirtió que después de que se agoten las instancias legales en el país, su familia acudirá a cortes internacionales. "Hemos sido revictimizados, pero no desmayaremos hasta saber qué ha pasado con mi hermano", refirió.

Persecución
La causa de Jiménez no es aislada. Cifras proporcionadas a Diario EL TELÉGRAFO dan cuenta que 10 años después de la revuelta policial, todavía existen causas legales pendientes.

Según la Fiscalía General del Estado, tras los hechos del 30-S se registraron 48 causas; de las cuales solo 19 han alcanzado la sentencia condenatoria, otras tres alcanzaron la sentencia absolutoria, mientras que ocho casos fueron archivados.

Lo que llama la atención es que durante una década se observa que siete casos se encuentran en investigación previa.

De los 48 procesos, se desprendieron 20 delitos. De este número, 10 se iniciaron por paralización de servicio público, otros cinco se realizaron bajo presunto delito de rebelión; cuatro por sabotaje. Además, ocho fueron bajo la figura de delito contra la seguridad interior del estado.

En menor porcentaje se abrieron procesos por presunto delito de lesa humanidad, tentativa de asesinato, tentativa de magnicidio, fraude procesal, tráfico de influencias, entre otras.

Por provincias, la Fiscalía General informó que Pichincha es la jurisdicción con mayor número de casos (23), todos estos se concentran en Quito.

Los casos más connotados son “La Recoleta”, “Tentativa golpe de Estado”, “Radio Patrulla”, “Ecuador TV”, “Tentativa de magnicidio”, “Incitación a la rebelión", entre otros.

Uno de las personas vinculadas fue el mayor (r) Fidel Araujo, quien fue procesado por supuesta participación dentro de los hechos del 30-S y al final fue declarado inocente.

Al consultarle cómo resume este episodio de la historia, Araujo resumió a ese evento como un "hecho luctuoso", como un reflejo de oscurantismo del mandato del presidente Rafael Correa.

A su criterio, el presidente dispuso órdenes que derivaron en delitos de lesa humanidad. "Llamar a hombres armados, más allá de que había una revuelta que tampoco fue aceptable, no fue adecuado para resolver ese hecho", dijo.

Sobre el proceso legal que se siguió en su contra, Araujo reiteró que sufrió acusaciones injustas, pero que al final se dieron cuenta de que cometieron un gran error.

"A mí me inculparon primero por intento de magnicidio cuando el mismo expresidente Correa dijo que yo he pagado a una persona a la que le di una cámara de fotos con un cañón adentro para que lo eliminen, pero todo eso se cayó. Todo fue mentira y se comprobó", narró.

El mayor recordó que un tribunal que cumplió el debido proceso, acogió las pruebas de descargo y ratificó su inocencia.

Sin embargo, lo más duro fueron las persecuciones por parte del poder de Estado. "La administración pública estuvo dominada por personajes con poder que no entendieron el servicio público", expresó.

Araujo concluyó que todavía es necesario exigir respuestas por parte de la justicia en el caso de las víctimas fatales y de los casos que todavía no se resuelven.

Un hecho que pudo haberse evitado
El asambleísta César Carrión también enfrentó la cárcel y la persecución. Tras una década de este hecho, reflexionó como esa revuelta terminó con su vida policial cuando era director del hospital de la Policía.

Carrión estuvo privado de su libertad durante siete meses, hasta que en mayo de 2011, la justicia lo absolvió. Ahora, Carrión definió al hecho como un momento que se pudo haber evitado desde la protesta hasta el desenlace, "pero las autoridades (ministros de Gobierno, de Defensa y coordinador de Seguridad) que estuvieron a cargo no lo hicieron", dijo.

Carrión coincidió con Araujo. Y señaló que Correa fue el responsable del saldo trágico de muertos y heridos, ya que se cometió un delito de lesa humanidad. "Para encubrir ese ataque al hospital, empezó a justificar señalando como culpables a personas inocentes", entre los que estuvo Carrión.

La persecución en su contra fue a raíz de que él declaró que no estaba secuestrado. "Él estuvo con su seguridad, recibió visitas de la cúpula de la Policía... ¿cómo se entiende un secuestrado ordenando que lo rescaten?", expresó.

Carrión también cree que en 10 años, la justicia tiene deuda con las víctimas, porque se manipularon los procesos judiciales.

Como ejemplo, recordó que en el caso Sobornos 2012-2016, Pamela Martínez, exasesora de Correa, en su declaración señaló la creación de oficinas paralelas para vigilar los procesos del 30-S.

También mencionó el informe de Contraloría que detectó un perjuicio al Estado de $ 1,5 millones en festejos del 30-S por parte de los ministerios de Cultura, Seco, Cenan, Gestión de Riesgos, entre otras instituciones públicas.

Manipulación de la justicia 
Como la más perversa persecución liderada por el correísmo, califico Óscar Ayerve, representante de la Asociación de Víctimas del 30-S, a los hechos posteriores al 30 de Septiembre de 2010.

La organización ha dado seguimiento en el sistema jurisdiccional a 187 casos, que determinaron que los jueces sentencien en prelibertad, libertad e inocencia para las personas que sufrieron persecución durante este tiempo.

Ayerve resumió a ese día como el origen de una gran farsa histórica que se tradujo en una "farsa procesal" porque nunca hubo un intento de golpe de Estado, "peor aún un intento de magnicidio como pretendió hacernos creer el presidente Correa", dijo.

El presidente de la organización aseguró que se ha mantenido vigilante para evitar que se sigan cometiendo injusticias en contra de las personas que sufrieron persecuciones por este hecho.

Para sustentar su trabajo, el presidente de la organización recordó el caso de la condena de 12 años de prisión en contra seis policías. Reiteró que a ellos se les ofreció indulto a cambio de firmar un documento aceptando el intento de magnicidio, de pedir perdón a Correa y de certificar que el autor intelectual del golpe de Estado fue el expresidente Lucio Gutiérrez.

Sin embargo, dijo, ellos rechazaron la propuesta. Por esa razón, ese mismo día fueron a la cárcel a cumplir la condena.

Seis años después, salieron de la cárcel, tras el apoyo legal de la Asociación. El caso se encuentra bajo recurso extraordinario de revisión.

"El tiempo se ha encargado de demostrar que las persecuciones en contra de inocentes fueron una farsa concertada por un régimen de imposición", expresó Ayerve. (I)