El presidente de la República, Rafael Correa, reunió ayer al Gabinete Sectorial de Seguridad en el Ministerio del Deporte, en el norte de Quito. El encuentro, a cargo de César Navas, ministro Coordinador de Seguridad, se desarrolló para analizar el desempeño de las secretarías del ramo en 2015, en comparación con años anteriores.

En su exposición, Navas destacó la capacidad de la tecnología en materia de seguridad para la ciudadanía. Ejemplo de ello, es la adquisición de brazaletes electrónicos que serán empleados en reemplazo de la prisión preventiva para las personas privadas de libertad que han cumplido una parte importante de la sentencia, para mujeres embarazadas, entre otros casos.

Este proyecto se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En un plan piloto entrarían a funcionar 500 dispositivos, los cuales serán monitoreados por el ECU-911, dijo Navas.

Añadió que se analizó un proyecto que consiste en la implementación de 16.000 chips para proteger a los pescadores y garantizar la seguridad a nivel marítimo. Está previsto que el informe del proyecto se presente en 10 días.

El secretario de Estado adelantó que para 2016, el presupuesto en seguridad podría incrementarse por el número de proyectos contemplados, pero no especificó cifras. Además, destacó que en la gestión de 2015 se evidenció una reducción en la tasa de homicidios y de asesinatos. Se llegó a 6,4% por cada 100 mil habitantes. En cuanto a los accidentes de tránsito, dijo que se registró una baja del 7,5% en comparación con 2014.

También dio a conocer sobre la implementación tecnológica de seguridad, a través de los teléfonos celulares, en casos de emergencia, cuyo sistema se espera que esté listo a partir de abril de este año.

Fortalecido sistema judicial

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó el fortalecimiento del sistema judicial. Puso como ejemplo la reducción de las audiencias fallidas. En años anteriores estas llegaban a 40%, mientras que en 2015 fue de 3,3%.

En cuanto a las audiencias diferidas, el funcionario recordó que hay un régimen de evaluación permanente y con esto se determinó que los procesos penales en Ecuador concluyen en un plazo de entre 6 meses y un año.

También se refirió a la disminución de las caducidades de prisión preventiva. En 2008, estas llegaban a 2.000, en 2009 fueron de 1.900, en 2014 se registraron 20 y en 2015 se contabilizaron solo 7.

Jalkh expresó que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y las reformas procesales relacionadas -por ejemplo con la aplicación del juicio directo- hubo un impacto en la producción judicial.

Así recordó que el juzgamiento de delitos flagrantes, que hace 3 años significaban 15 sentencias por cada juez penal ahora se llega a 46 fallos mensuales. El funcionario manifestó que “el sistema penal de Ecuador garantiza dos aspectos fundamentales: la celeridad y la certeza”.

Por juicios directos, el 70% terminó con un fallo condenatorio y el 30% con una sentencia de inocencia, lo que quiere decir que las personas que enfrentan procesos penales también consiguen una seguridad jurídica a través de la declaratoria de inocencia, sostuvo Jalkh.

También espera que las reformas al COIP relacionadas con la prescripción de las contravenciones que no son tramitadas sean aprobadas por la Asamblea. Hasta el cierre de esta edición, el gabinete sectorial continuaba analizando varios temas. (I)