A seis días de haber sido extraditado desde España, el extitular de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo R., analiza junto con su defensa la situación legal que le espera en el Ecuador.

Al juicio penal que deberá enfrentar por el secuestro al político Fernando Balda ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá-Colombia, se suma otro enjuiciamiento por el delito de peculado, en el denominado caso Caminito.

Por los dos casos y al ser considerado como autor directo, las penas que recibiría serían: 7 años por plagio y 13 por peculado. Al ser casos distintos, las penas se acumularían y tendría que pasar en prisión 20 años.

Para el penalista Jairo Lalaleo la situación de Pablo R. podría mejorar si se declara cooperador eficaz y decide informar todo lo que sabe a la Fiscalía.

La figura de la cooperación eficaz está establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y facilita la reducción de la pena hasta un 80% a cambio de que el detenido provea información eficaz, bajo comprobación, que permita esclarecer los hechos y determinar más responsables de los delitos, de ser el caso.

De darse esta situación, de los 20 años de cárcel que tentativamente deberá enfrentar solamente cumpliría cuatro. Pero esto afectaría a otros implicados en los mencionados casos; entre ellos al expresidente de la República, Rafael C., otro de los llamados a juicio por el caso Balda. Lalaleo aseguró que por ello las informaciones de la prensa española cobran importancia.

Según estas, en medio de las tensiones que hay en España porque su vicepresidente, Pablo Iglesias, fue nombrado para formar parte de una comisión gubernamental en la que se presenta información sensible relacionada a los países miembros de la OTAN, el líder de Podemos y el expresidente ecuatoriano Rafael C. se reunieron a mediados del año 2019 en la ciudad de Madrid para intentar frenar la extradición de Pablo R. a Quito.  

“Es que Pablo R. sabe mucho, es poseedor de información muy delicada que podría comprometer no solo a Rafael C. sino a otros integrantes de esa cadena de mando que participó en el caso Balda”, manifestó Lalaleo.

En febrero de 2019, de los seis vinculados en el caso Balda solamente dos fueron sometidos a juicio, ya que de los cuatro restantes dos fueron absueltos, uno ha sido extraditado (Pablo R.) y otro se encuentra prófugo (Rafael C.).

El 14 de marzo de 2019, los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza fueron declarados culpables, en calidad de autores, del plagio al político Fernando Balda.

Pero por haberse acogido a la cooperación eficaz, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Miguel Jurado, Sylvia Sánchez y Édgar Flores, les impuso una pena de tan solo un año nueve meses y 22 días de privación de la libertad. De esta se les restó el tiempo que guardaron en prisión desde el 19 de marzo de 2018 y hoy ya se encuentran en libertad.

La jurista Matilde de Gómez indicó que en este caso también podría beneficiarse Pablo R. si se acoge a la cooperación, pero por el momento se debe esperar a que en la CNJ se realice el sorteo respectivo y se defina el Tribunal que se encargará de reactivar el caso y juzgar al extitular de la Senain.

Esto podría ser máximo en 15 días, estima, al señalar que como hubo cambio de jueces y conjueces serán nuevos los magistrados a cargo del caso.

Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., en declaraciones a la prensa indicó que estará atento a la convocatoria de la audiencia. Además sostuvo que para comprobar la teoría del caso la Fiscalía tiene que coordinar la presencia de los testigos que supuestamente estarían fuera del país. (I)