Bajo la dirección del Tribunal penal integrado por los jueces nacionales Iván León (ponente), Daniella Camacho e Iván Saquicela, este miércoles 15 de julio de 2020 se instaló la audiencia de juicio contra el extitular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) del anterior Gobierno, Fernando A.

En esta causa también son juzgados el exsubsecretario nacional y cooperador eficaz, Pablo Y.; el exsubsecretario de Medios Institucionales (e) Galo P. y el exproveedor de la Secom, Carlos B.

El juzgamiento inicia un año tres meses y 12 días después de que la jueza nacional Sylvia Sánchez, resolvió llamar a juicio a las cuatro personas, como coautoras del delito de peculado.

La jueza consideró que existen suficientes “evidencias para presumir que cometieron el delito”. Según el Código Integral Penal (Art. 278), el peculado tiene una sanción de 10 a 13 de años de cárcel.

La norma penal establece que ese ilícito es imprescriptible. Además, “los sentenciados quedarán incapacitados de por vida a ocupar cargos públicos o trabajar en entidades financieras”.

En la Constitución de la República (art. 233), se establece además que en delitos como el peculado “los juicios se iniciarán incluso en ausencia de las personas acusadas”. En este caso, Fernando A. podría ser sentenciado, pese a que se encuentra prófugo.

El proceso penal nació sobre la base de un informe de la Contraloría General del Estado, acerca de la gestión de la Secom entre el 2013 y 2017, donde estableció un perjuicio para el Estado de $ 250.000 por contratos firmados para la producción y transmisión de los denominados enlaces ciudadanos o también conocidos como sabatinas.

Estos espacios eran utilizados por el expresidente Rafael Correa para atacar a sus detractores políticos, periodistas, medios de comunicación e informar sobre la gestión pública del régimen.

Primer día de juicio

La audiencia de juicio arrancó este miércoles 15 de julio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con los alegatos iniciales a cargo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga. Además estuvo presente el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

En su intervención, el Fiscal planteó como hipótesis que los ciudadanos Fernando A., Pablo Y. y Galo P., funcionarios públicos; y Carlos B., proveedor, causaron un perjuicio al Estado al realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Dijo que demostrará que son coautores del delito de peculado.

Nathalia Cevallos, en representación de la Procuraduría General del Estado, dijo que los servidores públicos cometieron peculado y que esta conducta se extiende a Carlos B.

En su alegato inicial, Carlos Alvear, abogado de Fernando A., aseguró que se cambió la teoría del caso y que se está acusando por un nuevo tipo penal. Por eso solicitó se ratifique la inocencia de su defendido, porque “actuó según las competencias de su cargo público”.

Diego Chimbo, defensa de Galo P., aseguró que la Fiscalía no podrá probar que su cliente participó en el delito de peculado, mientras que José Charry, abogado de Carlos B., sostuvo que su defendido es inocente y que probará que este proceso ha sido “irregular e ineficiente”.

El rol de cada uno de los procesados

A ninguno de los procesados: Fernando A., exsecretario de Comunicación; Pablo Y., exsubsecretario nacional; Galo P., exsubsecretario de Medios Institucionales; y Carlos B., gerente de la empresa Gota Azul, se los acusa de autores directos del delito.

Fernando A. habría permitido el cometimiento del delito ya que, como máxima autoridad de la Secom, estuvo al tanto de las acciones realizadas.

Pablo Y., en su calidad de Subsecretario de la Secom, contrató a Víctor Hugo Erique (+), quien era bachiller; pero para ocupar esta partida era necesario tener título de tercer nivel con conocimientos en técnicas audiovisuales.

Galo P., subsecretario de Medios Institucionales (e), era el administrador del contrato y facilitó el traspaso de los productos de Erique, entre agosto y septiembre de 2014, a la empresa Gota Azul.

Carlos B., gerente de Gota Azul, sin ser funcionario público, habría solicitado a Erique insumos e informes de seguimiento a medios de comunicación opositores al Gobierno, de las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. (I)