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Sentencia contra Romero conduce hacia el expresidente Correa

Pablo Romero fue sentenciado por el delito de secuestro contra Fernando Balda.
Pablo Romero fue sentenciado por el delito de secuestro contra Fernando Balda.
Archivo/El Telégrafo
15 de agosto de 2020 - 21:42 - Redacción Justicia

Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia, fue sentenciado a 9 años de prisión; pero la causa por la cual fue juzgado no está cerrada, por el contrario, sigue abierta y abre un camino hacia una dirección: el expresidente Rafael Correa.

A criterio de juristas, es potestad de la Fiscalía General seguir el caso, que abra delitos conexos a la causa contra Romero, quien fue juzgado por el delito de plagio contra el activista político Fernando Balda.

Este suceso ocurrió en 2012, cuando Balda se encontraba en Colombia, pues adujo que en ese momento sufría la persecución política del gobierno del exmandatario Correa.

Para los juristas Antonio López y Miguel Revelo la sentencia allana el camino a que la causa continúe, incluso con otros actores que actuaron “siguiendo las órdenes del exPresidente”.

López sostiene que luego de esta sentencia, Balda tiene todo el derecho a recurrir a las acciones a las que está amparado; “todos los elementos procesales y probatorios han llegado a la conclusión, no solo de la existencia de una infracción penal sino también la responsabilidad penal de otros que han sido procesados y que tienen una conexión directa con el expresidente Rafael Correa”.

Significa entonces, según dijo, que el juicio sigue abierto para el exmandatario, hasta que él se presente a ser juzgado, salvo el hecho de que por factor tiempo opere la prescripción, a la que con seguridad apelará.

“El llamamiento a juicio está realizado, es una providencia que consta en el proceso donde fue llamado a juicio el expresidente Correa, es decir que en cualquier momento puede ser detenido y llevado al tribunal para que, con el respeto a las normas del debido proceso, sea juzgado y sentenciado”, argumentó.

Incluso, exagentes de inteligencia, en su colaboración eficaz, informaron a la Justicia de las órdenes que recibieron y de quiénes provenían; eso en materia de Derecho significa elemento probatorio que es concordante, por lo menos hasta momento, con la responsabilidad penal del expresidente Correa, puntualizó.

Por su parte, el jurista Miguel revelo acotó que la sentencia contra Romero dispone a la Fiscalía investigar otros hechos; “depende de la Fiscalía atender o no la petición del Tribunal de investigar hecho conexos a este, a fin de determinar si se convierten en hechos delictivos".

“Si el Tribunal dispuso en la sentencia que  se investiguen otros hechos, la Fiscalía tiene la obligación de hacer caso a ese pedido y comenzar a investigar, pero también cualquier ciudadano que conozca un caso puede poner a disposición de la Fiscalía para que investigue”, manifestó.

Sin embargo, el analista Napoleón Saltos consideró que si bien el caso Balda es profundo y estructural, existe el problema de que la Justicia no logra romper una especie de “nudo gordiano”, para actuar con autonomía ante los juegos de poder que se presentan.

“Como en el caso Balda, existen casos que si bien inician con una serie de pruebas, estas se mezclan inmediatamente con temas de poder y de carácter político, lo que lleva a que el objetivo inicial de establecer justicia se quede a medio camino”, advirtió.

De momento, agregó, el caso Balda tiene un cauce, de hecho se establece uno de los signos de cómo se ha manejado la política del país en el periodo de Correa, de una situación estructural, “esto es una especie de mafiación de la política y de sometimiento del estado a los intereses de poder”.

Justicia
Para el ecuatoriano Diego Vallejo, actualmente asilado en Estados Unidos, la Justicia se ha pronunciado en derecho; “me siento satisfecho, aliviado en parte, Pablo Romero tiene varias cuentas que saldar y me imagino que seguirán las denuncias o procesos por los cuales tendrá que rendir cuentas”.

Vallejo fue un militar miembro Ecuador, que en el gobierno de Correa recibió denuncias de presuntos actos de corrupción que, sin embargo fueron el detonante para sufrir persecución, por lo que debió solicitar asilo en Estados Unidos.

“En lo personal fui víctima de este sistema de inteligencia, con seguimiento constante, me quisieron llevar a prisión, hubo instituciones que coludieron para generar evidencia falsa contra un ciudadano que solo denunció casos de corrupción de las partes más altas de las funciones del estado”, señaló.

En el tema de la sentencia contra Romero, añadió que aspira a que se entablen denuncias para que siga la causa y se obre en derecho; “la puerta esta abierta para que más personas paguen por sus delitos”.

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