Bajo la dirección del Tribunal penal integrado por los jueces Iván León (ponente), Daniella Camacho e Iván Saquicela, la mañana de este miércoles 15 de julio, se instaló la audiencia de juicio contra el extitular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) del anterior gobierno, Fernando A.

En esta causa también son juzgados por el delito de peculado el exsubsecretario de la Secom y cooperador eficaz, Pablo Y.; el exfuncionario de esta secretaría, Galo P. y el exproveedor o contratista Carlos B.

El juicio inicia un año tres meses y 12 días después de que la jueza nacional Sylvia Sánchez, resolvió llamar a juicio a las cuatro personas, como coautores del delito de peculado.

La jueza consideró que existen suficientes “evidencias para presumir que cometieron el delito”. Según el Código Integral Penal (Art. 278), el peculado tiene una sanción de 10 a 13 de años de cárcel.

La norma penal también establece que ese ilícito es imprescriptible. Además, “los sentenciados quedarán incapacitados de por vida a ocupar cargos públicos o trabajar en entidades financieras”.

En la Constitución de la República, (art. 233), se establece además que en delitos como el peculado “los juicios se iniciarán incluso en ausencia de las personas acusadas”. En este caso, Fernando A. podría ser sentenciado, pese a que está prófugo de la justicia.

El proceso penal nació en base a un informe de la Contraloría General del Estado, sobre la gestión de la Secom entre el 2013 y 2017, donde estableció un perjuicio para el Estado de $ 250.000 por contratos firmados para la producción y transmisión de los denominados enlaces ciudadanos o también conocidos como sabatinas.

Estos espacios eran utilizados por el expresidente Correa para atacar a sus detractores políticos, periodistas, medios de comunicación e informar a la ciudadanía sobre la gestión pública del régimen.

La audiencia de juicio arrancó la mañana de este miércoles 15 de julio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con los alegatos iniciales a cargo del fiscal general subrogante Wilson Toainga, además está presente el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

En su intervención, el Fiscal planteó como hipótesis que los ciudadanos Fernando A., Pablo Y. y Galo P., funcionarios públicos; y Carlos B., proveedor, causaron un prejuicio al Estado al realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado.

Dijo que demostrará que son coautores del delito de peculado en base a los Art. 257 numeral a y Art. 42 del COIP y Art 233 de la Constitución. Se prevé que el juicio dure algunos días. (I)