De 2012 a 2017, la empresa Lafattoria S. A. ha firmado con el Estado 19 contratos, a través del Ministerio de Justicia, que suman $ 92 millones, para brindar el servicio de alimentación a las 34.000  personas privadas de la libertad (PPL) que hay en el país.

Esta empresa, especialista en el servicio de alimentos en restaurantes e instituciones públicas y privadas, está en el centro de la polémica por las denuncias sobre la supuesta mala calidad de los alimentos para los reclusos y el negocio de las tiendas instaladas al interior de las cárceles.

Lafattoria, en el centro de los negocios y de los reclamos

El 24 de noviembre de 2016, la cartera de Finanzas asignó al Ministerio de Justicia $ 30’383.631 para la alimentación, en 2017, de las PPL de los 55 centros de rehabilitación social (CRS), centros de detención provisional (CDP) y centros de detención de contraventores (CDC) que hay en Ecuador.

Entonces, el Ministerio de Justicia firmó un contrato   con la empresa Lafattoria por $ 26’652.307, para la alimentación adecuada de los reos del país. Ese contrato está vigente.

Lafattoria S. A., según consta en la Superintendencia de Compañías, es una empresa instalada en Guayaquil,  que se constituyó en febrero de 2008. Sus accionistas son la compañía Riasem S. A. y el ciudadano estadounidense Richard Villagrán Freire.

A su vez, los dueños de Riasem son Rosa Mueckay Morales y Richard Villagrán Freire (administrador).

Sin embargo, el servicio que ofrece a los internos desde hace 5 años se ha convertido en la piedra de toque de las cárceles debido a la supuesta mala calidad.

Familiares y PPL entrevistados por los Medios Públicos en cárceles de Manabí, Azuay y Cotopaxi coinciden en los reclamos. Aseguraron que la ración, aparte de escasa, por lo general, es mal procesada y provoca problemas gastrointestinales.

Frente a ello, César Bolaños, gerente técnico de Calidad de Lafattoria, aseguró que el producto que ofrecen cumple con todas las normas. “Tenemos estándares que van desde el proceso de selección de proveedores, calificación de materia prima hasta el ingreso a la bodega de género no perecibles, como géneros de almacenamiento refrigerado congelado. Cumplimos los parámetros que exigen las normas sanitarias”.

Sin embargo, aclaró que ellos, como empresa, solo se encargan del servicio de alimentación y no del cuidado de la vajilla de los internos.

En relación a qué medidas adoptan si como producto de la ingesta de sus alimentos, se producen casos de reos enfermos, Bolaños sostuvo que esos episodios son esporádicos.

“Si se presentan, tenemos un equipo dentro de cada centro de rehabilitación y un equipo general que acude para determinar las causas”.

Sobre el menú, manifestó que va de acuerdo a la zona donde está ubicado el centro y que es balanceado.

Indicó que el Estado les paga $ 2,5 por las tres comidas diarias que dan a cada interno adulto; y en el caso de los menores, aparte de las tres comidas, les proporcionan dos refrigerios diarios.

Dijo que 142 personas privadas de la libertad trabajan para Lafattoria y que “gozan de los beneficios de ley, como cualquier empleado”.

La realidad de la comida y sus efectos es otra para los internos
Mario Navecilla contó que su peor experiencia en la vida fue estar en prisión. “Tuve un problema en el pago de una pensión alimenticia y por eso me metieron a la cárcel, donde se vive un verdadero drama, porque no tenemos nada”.

En relación a las comidas que le daban, señaló indignado: “Salí con tuberculosis porque es mala, por eso los presos nos enfermábamos a cada rato”.

Contó que los alimentos son mal preparados y que no hay ningún control higiénico. “La situación llegó a tal punto que tuvimos que hacer una huelga para pedir que mejoren la comida”.

El problema de salud para Navecilla se confirmó  al salir de la cárcel. “Me hice los chequeos y los médicos me dijeron que tenía infección intestinal, aparte de tuberculosis”.

Pablo Castellanos, médico del centro San Pedro Claver de Quito, coincidió en que la comida que se da en sitios como cárceles, hospitales, cuarteles tienen problemas. A veces, no es solo la preparación de los alimentos sino el cuidado que se le da a los platos.

“Cuando no se le da un buen mantenimiento a la vajilla, es común la presencia de bacterias, virus, hongos. Eso es causa para que, a la postre, a la persona le dé diarrea y otras enfermadades gastrointestinales”.

La nutricionista Vilma Verdesoto afirmó también  que el cuidado de la vajilla es importante y que se debe realizar un proceso de limpieza muy riguroso para evitar todo tipo de contaminación.

Castellanos y Verdesoto aseguraron en que es necesario enseñar normas de higiene a las personas, como lavarse las manos, así como los platos y cucharas, lo cual no se realiza en las cárceles.

El familiar de una persona privada de la libertad que pidió la reserva de su identidad, indicó que, si bien las cosas han dado un giro importante en las cárceles, todavía hay problemas serios con la alimentación y otro tipo de fenómenos, como los negocios (tiendas) instalados al interior de los reclusorios, que buscan lucrar de los familiares de los  reos.

Denunció que los parientes de los detenidos deben  depositar una suma de dinero en los llamados ‘economatos’, para que los reos accedan a productos que venden en esas tiendas, las cuales están a cargo de la empresa Provisali, administrada por Richard Villagrán, dueño de Lafattoria (ver gráfico).

En Latacunga no se olvidan del ‘sango de la muerte’
“Llegué a un punto en el que intentaba tragar sin masticar, solo para proveerme de alimento”. Así describe ‘Annie’ (nombre protegido) su experiencia con la alimentación cuando era interna, un año y medio, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

‘Annie’ es mexicana y cumplió su condena en junio de 2016. Ha pasado el tiempo y no olvida el ‘sango de la muerte’, como llamaban las internas a una comida en base de lo que, según ellas, era pescado en estado de putrefacción, junto con otros ingredientes que no conocían.

La empresa proveedora encargada del catering para ese centro era de Guayaquil, la cual ahora está bajo las nuevas directrices de la Empresa Nacional de Almacenamiento. “Están en un proceso de transición”, dijo Víctor Jácome, coordinador zonal 3 del Ministerio de Justicia.

Resaltó que la Empresa Nacional de Almacenamiento realiza acercamientos con los productores locales para adquirir lo que ofertan y así dinamizar la economía provincial; y al mismo tiempo garantizar una buena alimentación.

Mayra T., amiga de una interna que cumple dos años de condena en el pabellón de mediana seguridad, dijo que tras los reclamos, han mejorado en los últimos meses la comida.

Beatriz Villarreal, titular de la fundación Inred, lamentó la situación: “Por problemas de mala alimentación tenemos casos de personas que terminan enfermas con diabetes, obesidad y colesterol alto”.

Daniel Véjar, profesional del Derecho, concuerda en que el Estado tiene la obligación de garantizar una buena alimentación a las personas que cumplen una condena.

“De no existir esta garantía por parte del Estado de darles buena alimentación, las personas privadas de la libertad pueden presentar una acción de protección, porque se están violando sus derechos”, concluyó. (I)