En relación a las quejas sobre la calidad de la comida para las personas privadas de la libertad (PPL), la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, dijo a los medios públicos que son recurrentes, pero que se trata de cárceles y que no se puede complacer a todo el mundo.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Justicia hace el debido seguimiento, para lo cual se lleva un control diario, bajo la responsabilidad de los directores de los centros, para que se cumplan con los requisitos de cantidad, calidad y servicio.

Aclaró que desde que asumieron funciones, no se ha dado ninguna intoxicación entre los reclusos a causa de la comida.

Consultada por los medios públicos sobre qué hacen  cuando existen quejas de que el servicio es malo, respondió que no se limitan a escuchar las  observaciones, sino que piden explicaciones y  hacen el seguimiento respectivo con su personal.

“Exigimos que se cumplan con todos los estándares de calidad y los niveles de salubridad, todo aquello en conjunto con el Ministerio de Salud en relación con los menús”, remarcó Guzmán.

Resaltó que no se trata de firmar el contrato y olvidarse del servicio que prestan las empresas, sino que eso es responsabilidad del Estado, en este caso a través del Ministerio de Justicia, hacer que se obedezcan los términos de referencia que fija el contrato.

Explicó que, incluso, se revisa que se cumplan los menús, los cuales son publicados y exhibidos, para que los reclusos sepan qué van a comer y que eso es parte del control que efectúan.

Tal control les ha permitido, desde que asumieron funciones, no registrar casos de personas intoxicadas o afectadas de algún modo por el tema de la ingesta  de alimentos.

Admitió, sin embargo, que sí han  tenido constantes reclamos de personas privadas de la libertad sobre “la falta de aceite en el arroz, que está muy seco, que solo les dan pollo, que la sopa está muy aguada. Esas observaciones las hemos dicho a los responsables de las cocinas de cada uno de los centros”, añadió.

En relación a los denominados  ‘economatos’, señaló que no existen en todos los centros y que, si acaso hay algunos, obedecen al régimen antiguo que había, para lo cual las empresas firmaron convenios. “Estamos regulando ese tema, la mayoría de estos convenios están en un proceso de revisión”.

Indicó que trabajan en la elaboración de un sistema para brindar este servicio, y que una vez que lo tengan listo lo convocarán a través del portal de compras públicas.

La Viceministra dijo que en 2018 el presupuesto para la comida de las personas privadas de la libertad bordeará los $ 41 millones. (I)