Una corte contra el Crimen Organizado de El Salvador sentenció a siete miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de 40, 60, 100 y 120 años de prisión por múltiples crímenes, incluyendo un doble asesinato cometido en una cancha de fútbol en San Miguel entre 2013 y 2016.

Entre los condenados, Carlos Hernández recibió la pena más alta, mientras que otros seis pandilleros también fueron sentenciados con largas condenas.

El fallo se enmarca en el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, una política del gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas, que permitieron la detención de más de 84.000 personas.

Sin embargo, la Fiscalía no especificó si estos individuos fueron capturados bajo dicho régimen ni si ya estaban en prisión por otros delitos antes del juicio.

A pesar del respaldo popular a esta medida, organizaciones humanitarias denuncian más de 6.400 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes de prisioneros con signos de violencia.

Mientras la Asamblea Legislativa renueva el estado de excepción, la comunidad internacional observa con preocupación el impacto de esta política en el sistema judicial salvadoreño.

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