El Código Orgánico Integral Penal (COIP) entró en vigencia en agosto del año pasado, y en trámite ya existe un proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo en julio de 2014. El texto plantea tipificar la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos de autor.

“Por un lado están los grandes falsificadores y piratas (...) La ley debe eliminar aquello que está causando daño al país, pero también debemos defender a los pequeños comerciantes. Por otro lado, tenemos a los artistas nacionales e internacionales que reclaman sus derechos. Es un tema controversial”, manifestó el asambleísta René Yandún, en el primer debate sobre las reformas al COIP.

El pedido de reforma estaría relacionado con que Ecuador es parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) decretó que los Estados miembros deben asegurar su legislación para establecer procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Al respecto, el director nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Santiago Cevallos, expresó que la política pública es promover el conocimiento libre: “Mientras más alta y fuerte sea la sanción en el ámbito pecuniario más disuasoria es, pero si adicionalmente se establece una pena privativa de la libertad se generaría una mayor dificultad de conocimiento y lo que buscamos es todo lo contrario”, dijo.

Es decir que Cevallos considera que lo más idóneo es que solo exista una multa y no una pena privativa de la libertad, ya que la norma de la OMC no especifica cuál debe ser la sanción de tipo penal. De esa manera se estaría cumpliendo con la normativa internacional, y la política pública se desarrollaría sin problemas.

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¿Qué opinan otros actores?

Las reformas al COIP con respecto a la propiedad intelectual han generado opiniones encontradas. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Software Libre (ASLE), Rafael Bonifaz, considera que la única forma para que nuestro país se desarrolle es accediendo al conocimiento y a la cultura, por lo que emitir sanciones extremadamente fuertes limitaría ese proceso: “La única forma de ser soberano es entendiendo cómo funciona el mundo”, manifestó Bonifaz.

En esta línea, el representante de Creative Commons en Ecuador, Carlos Correa, piensa que se deben respetar los acuerdos a los que el país se ha comprometido, pero sin autoimponerse más limitantes de las que la misma normativa dispone.

“En Estados Unidos y Europa el tema de propiedad intelectual es muy delicado porque genera un PIB muy alto; ese no es el caso de Ecuador. En esos países se restringe el acceso a la cultura con el pretexto de que se desarrolla un modelo de negocio, pero el beneficio no es comunitario”, reflexionó Correa.

Ese criterio es compartido por la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Auxilios Mutuos (Asecopac), Omaira Moscoso, quien critica que en la industria cinematográfica de EE.UU. se lucre más que los mismos realizadores, por lo que no entiende por qué se quiere apadrinar una medida así en Ecuador. “Si no somos nosotros ¿quién va a vender las películas ecuatorianas? ¿Vamos a criar a nuestros hijos con Capitán América y la gente no podrá ver cine ecuatoriano y latinoamericano?”, cuestionó la directiva de Asecopac para quien la única salida es el proceso de regularización.

Para el exdirector del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CnCine), Jorge Luis Serrano, no se debe confundir el derecho a acceder a la cultura con la piratería. Esta última, sobre todo para la producción audiovisual, ha significado el “canal de penetración y colonización cultural”.  

Según Serrano, es el Estado el que debe garantizar que se cumpla con este derecho a través de políticas públicas sin dejar de lado el justo derecho de los autores y generadores de propiedad intelectual a recibir regalías y así vivir de su trabajo: “Hay que contar con un marco regulatorio y con instituciones que ejerzan control. Regulación y control para el ejercicio de derechos como el de la diversidad cultural y la retribución a los creadores”, expresó Serrano.

Los controles a informales se extienden a otras provincias

Una de las preocupaciones es precisamente que la normativa deje de lado un proceso de regularización para los comerciantes informales que se dedican a la venta de CD y DVD, tomando en cuenta que más del 50% del comercio en el país es informal (ver infografía).

Por ello, desde 2010 los comerciantes conjuntamente con el IEPI, el CnCine y el Ministerio de Cultura han realizado varias actividades que promuevan el acceso legal a la cultura a partir de la adquisición de licencias voluntarias u obligatorias.

Los últimos controles a locales y comerciantes se han realizado en Pichincha y en los próximos meses se extenderán a otras provincias. Además se está trabajando con distribuidoras como Xpressmax, que compran los derechos a los productores y reparten el producto legal a las asociaciones de comerciantes.

Para la presidenta de la Asecopac, el proceso de regularización se ha debilitado porque los controles no han continuado en los últimos 2 años. Esto llevaría a los comerciantes a no asociarse ni comprar los títulos originales. Según Moscoso, en principio Asecopac tenía 5.000 socios a escala nacional y ahora unos 500. La dirigente también reclama capacitaciones para los comerciantes informales sobre las reformas que se discuten. (I)