A partir del informe suscrito por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el primer debate surgieron algunas observaciones como que se debería señalar cuáles serían los puntos referenciales de las sanciones, ya que “no es lo mismo una multinacional que un pequeño comerciante”, por lo que es importante definir la gradualidad del término ‘escala comercial’.

Además los funcionarios plantearon que se tipifique de manera distinta los delitos como falsificación dolosa y piratería lesiva,y también que se especifique la sanción solo para la distribución y no para la comercialización de estos productos.

Para la asambleísta Marcela Aguiñaga el convenio con la Organización Mundial del Comercio no señala cuáles deberían ser esas sanciones por lo que es una decisión soberana de Ecuador: “Las sanciones administrativas que constan en la Ley de Propiedad Intelectual siguen vigentes; hoy discutimos una sanción penal”, dijo y agregó no estar de acuerdo en que se instalen penas privativas de libertad en esos delitos porque significaría retroceder en derechos.

Por su parte, María Augusta Calle rechazó el reciente informe de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EE.UU. en el que Ecuador fue elevado a una especie de ‘lista negra’ por haber derogado el año anterior las provisiones criminales relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

“Los grandes artistas internacionales ganan más con las empresas piratas. Fortalecen el negocio de la piratería, pero de manera oculta para no pagar impuestos. Eso deberían investigar estos señores en EE.UU.”, cuestionó Calle. (I)