¿Es posible convertir a los quioscos de películas y cd ‘piratas’ en espacios de promoción cultural? Esa es la propuesta de la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales (Asecopac) que, según su presidenta, Omaira Moscoso, reúne a cerca de 3.000 comerciantes.

Para conseguirlo explica que es necesario acelerar la regularización de las casi 60.000 familias dedicadas a la venta de discos de música y producción audiovisual sin licencia, es decir, de copias ilegales. Y su meta es incorporar libros y software libre a sus perchas.

La propuesta fue expuesta el jueves pasado, en Quito, durante una reunión entre 190 representantes del sector; el secretario de Educación Superior, René Ramírez; el titular del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Hernán Núñez; el ministro de Cultura, Guillaume Long; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; y la asambleísta Mariángel Muñoz.

La intención es articular a los productores de cine y música con los comerciantes bajo las normas que establezca el Ministerio de Cultura, pues consideran que desde sus quioscos podrían convertirse en auténticos promotores culturales.

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Para ello proponen regularizar a los comerciantes, quienes actualmente pagan patente municipal e impuestos por sus locales, pero sienten amenazados sus negocios por la posibilidad de tipificar la ‘piratería’ como delito, a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Moscoso también solicitó la continuidad de los operativos de control para evitar el comercio ilegal de estos productos que, además de afectar a la industria nacional, irrespetan los derechos de propiedad intelectual.

Para ello no se descarta la creación de una línea gratuita para denunciar esos negocios. “Quienes no estén de acuerdo con el proceso de regularización tendrán la opción de cambiar de negocio, pues cuando hay controles existen 3.000 comerciantes asociados y cuando no la cifra se reduce a 500”, reconoce la dirigente.

¿Existen las condiciones legales?

La Senescyt prepara el proyecto ‘Ingenios’, como se denominará al  Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación que, según René Ramírez, abordará a la propiedad intelectual como una herramienta para lograr el acceso a la cultura y al conocimiento. Dicho proyecto sería enviado en los próximos meses a la Asamblea Nacional.

Ese marco legal permitiría amparar y beneficiar tanto a productores como comercializadores a través de la concesión de licencias que permitan garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento.

Al momento eso ya se aplica en el cine nacional, pero hay dificultades con la producción musical.Por ello está prevista una próxima reunión para planificar el trabajo con los productores, realizadores y artistas para colocar la mayor cantidad de productos ecuatorianos originales en sus negocios. “Esperamos que en tres meses esté listo el cronograma de regularización y se definan las licencias obligatorias que estarían incorporadas al proyecto de ley”, apuntó Moscoso.

Asecopac estima que el 70% de los comerciantes de películas y música ‘piratas’ son mujeres jefas de hogar, por lo que defiende su derecho al trabajo.

Esta fue la primera reunión de alto nivel a la que asistieron representantes de los comerciantes de Morona Santiago, Santa Elena, Bolívar, Pichincha, Imbabura y Guayas,entre otras provincias. (I)

El control acabó con la piratería del cine nacional

Desde la Asamblea Nacional el debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) gira en torno a no criminalizar la venta de copias ilegales de música y producción audiovisual.

La vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Mariángel Muñoz, califica como una oportunidad para el país reconocer el trabajo autónomo y que, desde el cumplimiento de las normas vigentes, se pueda difundir la cultura.

Reconoce que será un reto vincular a los productores nacionales con los comerciantes autónomos a través de la adquisición de licencias para su reproducción, pero destaca que mediante ese mecanismo “al momento el 100% de las películas nacionales no son copias ilegales, sino que cuentan con licencias establecidas para el efecto”.

En términos jurídicos eso arroja ganancias tanto para quien vende el producto como para quien lo ha realizado o ha participado en esa obra cultural. Allí será fundamental, dice Muñoz, la participación del Ministerio de Cultura para establecer políticas de difusión de la producción nacional y lograr que la gente consuma cine nacional.  

Durante el encuentro con los comerciantes, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, expresó que la penalización a los informales no es la salida ni el mecanismo para acabar con la venta ilegal de este tipo de productos.   

Actualmente la emisión de licencias no es obligatoria, por ello han tenido dificultades para reproducir, por ejemplo, coproducciones televisivas. Al adquirir las licencias, estima Muñoz, incluso sería posible difundir el arte y la cultura  del resto de Latinoamérica, lo que no ocurre con las grandes industrias culturales. (I)