El Estado ecuatoriano ofrecerá hoy disculpas públicas (en idiomas kichwa y castellano) al pueblo originario de Sarayaku, por violaciones a los derechos humanos cometidos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, relacionados con la exploración y explotación petrolera de 200.000 hectáreas de tierra (Bloque 23) en Pastaza, sin una consulta previa, como manda la ley.

A nombre del Estado se dirigirán  a la comunidad el procurador general, Diego García, y los ministros de Justicia, Ledy Zúñiga; de Ambiente, Lorena Tapia; de Recursos no Renovables, Pedro Merizalde; y de Defensa, Fernando Cordero.

Este acto es uno de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que el 27 de junio de 2012 condenó al Estado por no consultar previamente a los habitantes sobre la exploración petrolera y permitir contaminar su territorio con explosivos colocados por una empresa argentina. Casi tonelada y media de pentolita se colocó en un área de 20 km2 para hacer estudios sísmicos.

Dirigentes de Sarayaku y la Conaie querían que fuera el presidente Rafael Correa el que pidiera las disculpas públicas, pero el gobernante aseguró que eso no está estipulado en la sentencia y que se trató de desinformar para que pareciera que el Gobierno actual era el responsable de los derechos vulnerados en la exploración minera en 2003, durante la administración de Gutiérrez.

“Han hecho creer al Ecuador y al mundo que esto fue culpa del Gobierno de Correa, porque son de la Conaie y de Pachakutik y demás opositores. Están politizando este caso y eso ha sido deshonesto por parte de ciertos dirigentes”, ha asegurado Correa ante la prensa.