El primer debate del proyecto de reformas al artículo 24, literal j) de la Ley Orgánica del Servicio Público, que tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas a trabajar y a la libre contratación con el Estado, se desarrolló este martes

En esta sesión, sugirieron que la prohibición sea aplicada respecto de la institución del sector público en la que laboran los servidores o sus entidades adscritas, prohibición que se extenderá a su cónyuge o conviviente y hasta sus parientes de segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, así como los ministros, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Señalaron que en el segundo inciso que se refiere a la prohibición que recae también a las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que la o el servidor público, su cónyuge, su conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad sean socios, accionistas, partícipes o representantes de dichas personas, se agregue también a los procuradores o apoderados y que se especifique claramente quienes son los accionistas con poder de decisión.

Coincidieron que si bien la disposición vigente busca prevenir y evitar casos de corrupción de servidores y servidoras públicas cuando hay abuso de poder, es decir, cuando teniendo información privilegiada, porque tienen acceso en razón de su cargo y actúan con intereses personales, el texto resulta excesivamente amplio, provocando en consecuencia una restricción de los legítimos derechos de los servidores públicos que requieren contratar con el Estado sobre la base de fines y objetivos lícitos.

De esta manera se retiraría la prohibición para que 450 mil servidores públicos y sus familiares directos puedan contratar con el Estado, quienes no podrán mantener contratos con la entidad en la que laboran, evitando de esta manera la corrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, recordó que este proyecto fue presentado por los exmiembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y con la firma adicional de Dora Aguirre, tomando en cuenta que las universidades, a través de sus rectores, señalaron que todos los profesores universitarios, por el error del literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, están prohibidos de tener contratos con el Estado, por tanto, no pueden ejercer su profesión en una modalidad de contrato, es decir, 50 ó 60 mil personas están impedidas de ejercer su profesión en el sector universitario público y privado.

Además, dijo que los médicos que contrata el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en agencias privadas no pueden emitir facturas, ni cobrarle al Estado. "Estas son razones fundamentales para cambiar la ley", precisó.

Sostuvo que en nombre de la corrupción "no se puede perjudicar al Ecuador" subrayó.

El Presidente de la Asamblea Nacional, al declarar terminado el primer debate del proyecto, suspendió la sesión para reinstalarla a las 15:00, a fin de designar a los delegados para integrar las comisiones ciudadanas de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y de las y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral.

También se conocerá el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre el Convenio Marco entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China sobre el otorgamiento de una línea de crédito preferencial al Ecuador.