La Asamblea Nacional se allanó el lunes pasado al veto a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), por lo que los gobiernos autónomos descentralizados asumirán las competencias de los patronatos.

La normativa establece que en el plazo de un año, desde la fecha de publicación de esta ley, lo que ocurrirá en los próximos días, los patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales deberán extinguirse.

En vista de esto los patronatos deberán transferir, a título gratuito, todo su patrimonio a los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. El personal que se encuentre prestando sus servicios en estos lugares seguirá haciéndolo, pero en el Municipio o la Prefectura respectiva.

Si el gobierno autónomo descentralizado requiere implementar nuevas estructuras organizacionales que conlleven la supresión de partidas u otras figuras permitidas para la administración del talento humano, se procederá con la liquidación y el pago de las indemnizaciones que correspondan.

Los gobiernos autónomos descentralizados destinarán el presupuesto que les correspondía a los patronatos, a la dependencia administrativa de servicio social o la que haga sus veces, la cual realizará las funciones y atribuciones del extinto patronato que legalmente puedan ser asumidas.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea (encargada de tramitar las reformas), Richard Calderón, recordó que la inversión social en el año 2000 fue de 4.7%.

En 2011 se duplicó llegando a superar el 9%, a la vez que explicó que la objeción del Ejecutivo no busca debilitar la intervención social en los territorios, sino formalizarla e institucionalizarla, por ello plantea que el presupuesto que se destina a los patronatos pueda dárselo a través de las unidades administrativas para el caso, lo cual permite una mayor coordinación interna entre las instituciones.

Las reformas también establecen el incremento de los espacios verdes entre 10, 20 y 25%, para que las personas tengan lugares para el esparcimiento y compartir la cultura, el deporte y la recreación; así mismo, se obliga a enterrar los cables eléctricos y de televisión para garantizar la seguridad de las personas.