El pleno de la Asamblea incluyó propuestas hechas por el Municipio de Quito dentro de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que fueron aprobadas por el órgano legislativo la tarde del martes.

En algunos casos, el primer poder del Estado incluso fue más allá de la petición hecha por el Cabildo capitalino.

Según el asambleísta Richard Calderón, presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, el texto aprobado establece, por ejemplo, que en el caso de parcelaciones de tierras ejecutadas de manera ilegal, el responsable no recibirá ninguna compensación económica. En cambio, el Cabildo quiteño planteaba establecer como límite el pago de un 5% del valor del predio por expropiación.

En tanto, según Calderón, el pleno acogió completamente la propuesta municipal de que en los casos de lotizaciones establecidas de manera irregular, se facilite la venta directa a los posesionarios asentados en los predios que han pasado a poder de un gobierno autónomo descentralizado (GAD) municipal, a través de procesos coactivos. Para ello se introdujo una reforma al artículo 596 del Cootad.

Todo lo anterior se relaciona con tierras parceladas contraviniendo disposiciones legales, ordenanzas o normas relacionadas con uso del suelo, porcentajes de áreas verdes, extensión mínima de lote, ocupación de franjas de protección ambiental, entre otros aspectos.

Los cambios, según el legislador, buscan proteger los recursos de los GAD y beneficiar preferentemente a quienes resultan afectados por traficantes de tierra.

De su lado, Marco Espinoza, director del programa capitalino ‘Regula tu barrio’, dijo que la propuesta municipal se enmarca en el plan de formalización de las propiedades que se desarrolla en el distrito.

Espinoza dio a conocer que hasta el momento han sido regularizados 288 sectores informales quiteños y 28 más se encuentran en trámite, con lo que se espera alcanzar la meta de 300 formalizaciones hasta finales de este año.

En relación con el tema de la remoción de autoridades de elección popular, según el asambleísta Calderón, la reforma busca evitar que se produzcan casos de bicefalía al frente de los GAD, como sucedió en el caso de la Alcaldía de Chillanes (Bolívar) o en el cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas). Para ello se habría clarificado el procedimiento, estableciendo plazos para los pasos previos a la separación del cargo y determinando que, mientras dure el proceso, el titular del gobierno local permanecerá en sus funciones.

En cuanto a la posibilidad de cobro por parte del Gobierno Nacional por obras que son de competencia de instancias seccionales, Calderón aseguró que lo que se hizo fue normar el procedimiento y establecer que sea el Consejo Nacional de Competencias el que autorice dichos cobros.

El texto aprobado por la Asamblea será enviado al Ejecutivo, para que lo vete (total o parcialmente) o lo apruebe para su vigencia.