El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (Conecel S.A.), filial de la multinacional América Móvil del millonario mexicano Carlos Slim, no solo afronta demandas laborales y el reclamo del pago de utilidades en Ecuador por parte de 1.500 exempleados, sino en Chile y Perú, así como procesos legales y administrativos por competencia desleal y abuso de posición dominante en Colombia y Uruguay.

En Ecuador afronta el reclamo por el pago de utilidades a 1.500 extrabajadores, correspondiente al período 2003-2006 y por evasión tributaria, así como una denuncia por infringir la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Por supuestas conductas anticompetitivas, en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el norte de Quito, hoy se realizará la audiencia pública que involucra a Conecel (Claro) tras la denuncia presentada en su contra por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), el 24 de octubre de 2012. Según la CNT-EP, Conecel hizo uso exclusivo de los terrenos donde colocó antenas e impidió que la CNT también instalara antenas.

Sin embargo, el Conecel asegura que en ningún momento se ha impedido que la CNT despliegue y desarrolle su red, de lo cual dicen tener pruebas. El 20 de junio de 2013, Teodoro Maldonado, procurador del Conecel, presentó una propuesta de compromiso de cese (en donde se compromete a suspender la conducta objeto de investigación), que fue rechazada el 30 de julio de 2012, por no reconocer los hechos y no apegarse a la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Reclamos en otros países
Las reivindicaciones laborales y los reclamos en contra de Claro han incluido huelgas indefinidas en Chile y el despido masivo de empleados en Perú (ver subnota). Mientras que, en el tema administrativo y legal Claro arrastra varios problemas.

El 12 de mayo de 2013, por ejemplo, el Gobierno uruguayo revocó el permiso concedido a Claro para operar el sistema de televisión por satélite para abonados. Así consta en http://www.sdpnoticias.com.

La prensa uruguaya resaltó entonces que el decreto con tal resolución fue firmado por el presidente, José Mujica, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. La decisión se basó en una “grosera violación” de la normativa que regula el servicio de televisión para abonados.

El 15 de julio de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina negó los recursos de reconsideración y nulidad de la empresa Comcel (filial en Colombia de América Móvil) contra los autos que ratificaban que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) tenía la razón en el conflicto entre ambas.

El tribunal dejó en firme la sentencia del 26 de agosto de 2011 y sus aclaraciones que sirvieron al Consejo de Estado de Colombia para anular los laudos arbitrales que condenaban a la ETB a pagar a Comcel $ 85 millones por cargos de interconexión. El pleito inició en 2006, por diferencias en los pagos de interconexión por llamadas telefónicas del exterior que tenían como destino un teléfono móvil en Colombia, por lo cual la ETB y Comcel (Claro) firmaron un contrato sobre unión de redes en 1998.

El 18 de julio de 2013, el portal digital mexicano http://eleconomista.com.mx publicó que la ETB estaba dispuesta a embargar los activos de Claro para recuperar el dinero que hace tres años le pagó a Claro. Esto, porque el Tribunal Andino determinó que la firma del empresario Carlos Slim debía devolver el valor más intereses a la ETB.

El presidente de la ETB, Saúl Kattan Cohen, destacó entonces: “Claro está dilatando el proceso para pagar, ya que todas las instancias han fallado a favor de la ETB”, por lo que consideró que en vez de gastar la energía en un pleito con ellos “debería estar trabajando en mejorar el servicio, ya que existen demasiadas quejas de los usuarios en redes sociales, la gente no está contenta con el operador”.

Por otra parte, el 4 de septiembre de 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia impuso la multa de $ 45 millones a Claro “por limitar la libre competencia”. La SIC sancionó a Claro por abusar de su posición dominante para obstruir el acceso de terceros a los canales de comercialización, con fundamento en las conductas relacionadas con el bloqueo de las bandas de los equipos móviles”. Por ello, Juan Carlos Archila, presidente de la compañía en Colombia, podría ser investigado por colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar ese tipo de faltas.

 Despidos en Perú y huelgas en Chile

Chile y Perú son dos de los países donde Claro ha tenido problemas laborales.

Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2012, el sindicato de trabajadores de la empresa en Chile, que reúne a más de 900 empleados, inició una huelga indefinida al no tener una respuesta adecuada por parte de los directivos de la empresa en el proceso de negociación que mantuvieron en agosto.

Sus demandas consistían en mejoras salariales y condiciones laborales dignas; sin embargo, la empresa solo aceptó cumplir con menos del 4% de sus exigencias, ya que era “lo más realista”.

No obstante, los trabajadores revelaron que existían cifras positivas y que la empresa poseía constantes inversiones millonarias dentro del país en publicidad.

En 2012, la empresa incrementó sus ventas un 23% y un 13% sus utilidades, pero sus empleados aseguraban no ver los beneficios.

Igualmente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Chile dijo que Claro logró un flujo neto de más de 76 mil clientes, siendo la operadora más beneficiada en ese año en lo económico. El sindicato de trabajadores de Claro decidió iniciar una huelga indefinida porque ningún gerente ni director de Claro intentó acercarse a dialogar con los trabajadores para hablar de las reivindicaciones que se merecían.

Tras una semana de huelga nacional, el Sindicato de Trabajadores Claro Chile aceptó, con mayoría de votos, la propuesta de la empresa telefónica. En el último comunicado, la directiva expresó: “Es evidente para todos que el acuerdo logrado no está a la altura de las legítimas expectativas de los socios ni refleja las reales capacidades económicas que actualmente existen en la empresa para retribuir a sus trabajadores. Pero también estamos conscientes de que una semana más de huelga, difícilmente habría podido presionar a la empresa a dar más sueldo y mejores beneficios”.

De igual manera, años atrás, en Perú, varios empleados fueron despedidos por formar parte del Sindicato Unido de Trabajadores de América Móvil Perú. Fueron separados de la institución “de manera arbitraria” y aseguraron que se amenazaba con más despidos a los que estén afiliados al sindicato. La empresa Claro es filial de América Móvil, tercer operador de telecomunicaciones del mundo, con más de 260 millones de clientes en 18 países. Es de propiedad del mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.