El proyecto de Código Orgánico de Entidades  de Seguridad Ciudadana (Coesc), pese a su importancia, fue una tarea pendiente que dejó la anterior Asamblea Nacional, pero que recientemente fue retomada por los miembros del actual Parlamento.

El proyecto, presentado en la Legislatura el 30 de septiembre de 2011 por el Gobierno, a través del ministro del Interior, José Serrano, no recibió el trámite que se esperaba en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, debido a la oposición de varios parlamentarios de ese entonces, entre ellos, Fausto Cobo (SP) y César Montúfar (CN), quienes veían un supuesto afán concentrador de poder en ese proyecto.

“La Policía, el Servicio Civil de Investigación y el de protección a funcionarios públicos quedan en manos del Presidente, lo que se busca es desarticular a la Policía”, señaló en 2011 Montúfar, mientras que Cobo consideraba que el Coesc era una consecuencia de la crisis que se vivió el 30 de septiembre de 2010 por la revuelta policial. Además, refutaba la tesis del Gobierno de que la intención es desmilitarizar la Policía, “cuando se mantienen los grados que son similares al Ejército”.

DATOS

La estructura del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo comprende dos libros, en  donde de manera articulada se determinan las competencias específicas en el ámbito de la seguridad ciudadana.

En gran parte de las 119 páginas del proyecto se recalca el enfoque preventivo, comunitario y de investigación que debe tener la Policía Nacional.

El oficio con el cual el Mandatario hizo llegar el proyecto a la Asamblea señala: “La seguridad ciudadana, protección interna y el orden público son pilares fundamentales de la democracia, del Estado constitucional de derechos y justicia, y del Buen vivir.
Casi dos años después, con los nuevos integrantes de la Asamblea, el tema cobra vigencia. El 16 de julio pasado, en la sesión 242 de la Asamblea, el pleno trató en primer debate el Coesc, que busca regular la rectoría, actividades, organización, competencias, gestión de personal y el régimen administrativo disciplinario del personal de la Policía Nacional, del Servicio Civil de Investigación de la Infracción y del Servicio de Protección Público, con fundamento en las normas, principios y valores de la Constitución.

El proyecto, según varias opiniones, es una normativa que contribuirá a una transformación profunda de la política de seguridad y las funciones de la Policía, con una visión más preventiva antes que basada en una doctrina militarizada.

En ese sentido, Serrano ha sido claro en señalar que con estos cambios el Ecuador pasará de tener “una Policía con doctrina militarizada a una Policía civil, armada y comunitaria”,  que por ejemplo priorice el trabajo con los barrios, con un papel preventivo y de investigación, así como la democratización en la formación y carrera policial a partir de derechos específicos y no de privilegios como venía sucediendo.

En el mismo proyecto se señala que el actual modelo policial militarizado está “agotado” y que eso genera problemas para enfrentar las nuevas formas del delito internacional, e incluso el convencional.

A la vez de que el proyecto de ley plantea la creación del Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público, establece una gestión y gratuidad del nivel de formación de policías para que obtengan títulos de tercer nivel y, por ende, nuevas ventajas en salarios y remuneraciones acordes a su preparación, el derecho a la defensa, vacaciones, traslados de acuerdo al sitio de residencia,  preparación en protección de dignatarios, mejorar el rol en la seguridad ciudadana, una Policía más preventiva, etc.

En el primer debate de este tema, el asambleísta Armando Aguilar dijo que se debe entender que está en juego la seguridad ciudadana, por tanto, con la propuesta se procura el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la Policía, a fin de  que su accionar esté orientado a la defensa de derechos y a la garantía de la seguridad interna.

La vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, destacó que la propuesta de ninguna manera elimina el Isspol  y lo que se plantea es en función de optimizar y respetar a la Policía Nacional como institución, por ello se busca impulsar la capacitación del personal, para que obtenga títulos de tercer nivel.

La legisladora Marllely Vásconez, igualmente, destacó la importancia de establecer una gestión y gratuidad del nivel de formación de los policías, el derecho a la defensa, vacaciones, traslados de acuerdo al sitio de residencia, etc.

En cuanto al tema disciplinario, el Coesc determina procedimientos específicos que respetan el debido proceso para todos los miembros de la institución, sin fijarse en que sean clases u oficiales, lo cual permitirá que todos puedan acudir a las instancias respectivas en el instante en que tengan  algún reclamo.

El jueves pasado, en el discurso en homenaje a la Armada, y el sábado último, durante su informe de labores desde Colonche (Santa Elena), el mandatario Rafael Correa dijo  que, con la creación de dos entidades civiles especializadas  en investigación criminal y en proteger a altos funcionarios, se  fortalecerá la capacidad de la Policía, pues ya no será distraída de su función de dar seguridad a la ciudadanía, como ocurre actualmente con 1.400 agentes.

Según Correa, no se debe satanizar la propuesta de generar un servicio de protección de autoridades del Estado, los departamentos de detectives civiles y grupos de protección independientes de las Fuerzas Armadas y la Policía.