Luego de una reunión de tres horas, el presidente Rafael Correa y los asambleístas del oficialismo definieron un cronograma para la aprobación de las leyes derivadas del referendo del 7 de mayo, según una información publicada en la agencia estatal de noticias Andes. El objetivo es no excederse de los 90 días posteriores a la proclamación de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el legislador César Rodríguez.

El parlamentario dijo a periodistas que una de las prioridades de la Asamblea Nacional será designar al delegado al Consejo de la Judicatura transitorio, que consta en la pregunta 4 del referendo.
Ya existen nombres que serán “socializados” al interior del oficialismo para lograr un consenso en su designación, dijo Rodríguez.  Uno de los postulados, Beethoven Chica, de la provincia de Morona Santiago, desistió de su candidatura ayer luego de que el bloque de PAIS se inclinara por la designación de un representante que no tenga vínculos directos con el Legislativo.

El asambleísta Rodríguez celebró que se haya destrabado el debate con la oposición en el tema de la Ley de Comunicación, que será uno de los primeros “mandatos” de la consulta que abordará la Asamblea, según lo que se consensuó en el diálogo con el presidente Rafael Correa.

Según lo propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el pueblo ecuatoriano el pasado 7 de mayo, el Legislativo deberá debatir y aprobar -además de la Ley de Comunicación-  reformas al Código Penal para viabilizar la penalización al enriquecimiento privado no justificado y por la no afiliación a la seguridad social.

La reunión entre el presidente Correa y los legisladores -el mayor bloque de la Asamblea Nacional- se realiza cada dos meses y sirve para coordinar el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo a la Constitución, el Mandatario es colegislador y tiene derecho a vetar los proyectos legales que trata la Asamblea. Durante el encuentro se evaluaron también los resultados de la consulta popular.

Cronograma será analizado

A pesar del mandato popular, al interior de la Comisión de Comunicación aún no tienen una fecha fija para comenzar con el análisis de esta normativa.

El presidente de la comisión, Mauro Andino, aseguró que en el suborganismo legislativo preocupa que el análisis de esta ley coincida con la  elección de las nuevas autoridades de la Asamblea, a realizarse el 29 de julio. El legislador de PAIS dijo estar consciente de ese escenario político y por ello consideró que el proyecto junto al documento que resulte de las sendas reuniones de los asambleístas debe discutirse antes de esa fecha. Aunque aún no se conoce el día exacto del debate, porque eso dependerá de la labor de los comisionados, Andino aseguró que será en julio.

Ángel Vilema, vicepresidente de la comisión, coincidió con Andino de que el tema debe ser evacuado lo más urgente posible. Similar criterio mantienen los legisladores Xavier Tomalá y Gastón Gagliardo, mientras que Silvia Salgado, asambleísta por el Partido Socialista, dijo que el tema debe ser analizado sin dilaciones.

“El proyecto de ley no debe estar supeditado a negociaciones políticas que se deriven de las elecciones de las nuevas autoridades”, dijo.

Sectores como el de los municipalistas, en cambio, quieren más tiempo para el debate de la propuesta. La razón es que la discusión del informe para segundo debate y del documento en el que trabajará  la comisión pueden empañarse por contiendas políticas que se deslinden del proceso electoral.

Jimmy Pinoargote expuso que el análisis del proyecto de ley no debe ser antes de los comicios. “Las elecciones legislativas son el 29 de julio y no vale la pena que una ley de tanta importancia se vea mezclada en este tema”, enfatizó.

Lourdes Tibán (Pachakutik), apoyó esta tesis, pero insistió que el tratamiento de la ley debe quedar para septiembre u octubre.

Mientras se ponen de acuerdo en los plazos para el debate de la ley, el bloque y el buró de PAIS respaldan la labor realizada por Fernando Cordero, por lo que están de acuerdo con su reelección.

Los nombres de Juan Carlos Cassinelli y César Rodríguez, también del movimiento oficialista, quienes han estado vinculados a la coordinación del bloque, también suenan para ocupar cargos de dirección.

Los nombres de María Paula Romo y Betty Amores, quienes se alejaron de PAIS, también se escuchan para presidir comisiones.

Hasta el momento, ni el bloque del oficialismo ni la oposición tienen un listado definitivo de sus candidatos para ocupar la presidencia, las dos vicepresidencias, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) y las comisiones legislativas.