El procurador general del Estado, Diego García, señaló que  “la defensa del Estado ecuatoriano está en desacuerdo con la Corte Distrital de La Haya y lamenta que esta haya adoptado el razonamiento de Chevron... estamos analizando la posibilidad de apelar esta sentencia, para lo cual tenemos un plazo de 90 días”.

Esto luego de que el pasado 2 de mayo la Corte Distrital  (jurisdicción interna de los Países Bajos) negó la demanda de nulidad interpuesta por Ecuador a los laudos dictados por un Tribunal Arbitral iniciado en diciembre de 2006 por la compañía Chevron-Texaco por una supuesta denegación de justicia debido a que siete juicios planteados por las compañías entre 1991 y 1993  no se habían  resuelto en el país.

En el laudo final dictado en agosto de 2011, el tribunal  estableció que el Ecuador debía pagar a  Chevron-Texaco cerca de  96 millones de dólares, luego de que desechara su reclamo inicial por $ 1.605 millones.

Es justamente por esta decisión que la Procuraduría General del Estado, en defensa de Ecuador, pidió un recurso de anulación  de esta decisión entre 2010 y 2011. 

Ecuador sostuvo  que  el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones,  firmado con Estados Unidos, entró en vigencia recién en 1997, cuando Texaco ya no tenía inversiones en el país y no en 1991 ó 1993, por lo que el tribunal no tiene competencia.