Para las 14:20 del próximo 17 de mayo fue fijada la audiencia de formulación de cargos en contra de Pablo Chambers Mejía, ex coordinador de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario.

El presidente Rafael Correa interpuso contra Chambers una demanda por el delito de falso testimonio, por señalar en su informe que el Jefe de Estado sí conocía de los contratos suscritos por su hermano con el Estado.

Chambers, de profesión Ingeniero Comercial -graduado en Inglaterra- y ex presidente del directorio de Pacifictel en  2004 (gobierno de Lucio Gutiérrez)- señaló que hubo contratos por unos 659 millones de dólares con un supuesto perjuicio al Estado de 140 millones.

El pasado fin de semana, en su enlace sabatino, el gobernante  manifestó que en este caso ha habido “una vulgar manipulación” por parte de Chambers  “que quiso hacer politiquería, daño, que quiso involucrarme en algo que nunca conocí”.

Por ello, Correa le entabló un juicio penal, cuyo proceso se ventila en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha. Esto, luego de que Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hidalgo fueron acusados por la Fiscalía por el delito de falso testimonio, tras la indagación previa.

Ellos fueron posesionados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio en julio de 2009.

Ahora Chambers dice a la prensa que analiza la posibilidad de presentarse o no a la audiencia, ya que está en riesgo su libertad. “Al Presidente no le importa el perjuicio de $ 143 millones que estos contratos representaron al Estado, sino que en el informe final de la veeduría, presentado en febrero de 2011 se estableció que el Mandatario sí conocía de esas contrataciones”, afirmó el ex veedor.

“No existe ningún tipo de sustento legal para que seamos enjuiciados”, indicó, y denunció que se siente “perseguido” y que “a Correa le importan un carajo los contratos, a él le importa el juicio por haberle dicho que él sí sabía. Para el señor Presidente el dinero que está perdiendo el Estado es lo de menos”.

“No tenemos ningún tipo de protección y quien debe protegernos es el que nos está persiguiendo”, destacó Chambers, quien ha venido insistiendo ante la prensa que están “absolutamente indefensos, perseguidos, maltratados, irrespetados”.

Por ello, indicó que a mediados de abril pasado mantuvo una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar a conocer los hechos sobre la demanda planteada en su contra.

Por su parte, los otros tres miembros de la veeduría acudieron a la Asamblea Nacional para solicitar una amnistía, lo cual, según fuentes de la Legislatura consultadas, no procedería  porque el proceso penal entablado por el Mandatario aún no tiene sentencia.

Sin embargo, sin tomar en cuenta el aspecto legal, la asambleísta de oposición Lourdes Tibán (Pachakutik), junto con los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos del Parlamento: Luis Morales (Prian), Marco Murillo (Miay) y César Rodríguez (ex Alianza País) salió al paso al asegurar que respaldará el pedido de amnistía “porque es evidente la persecución política de la que son objeto por parte del régimen”.

Tibán añadió que  existe la preocupación porque este caso se lo tratará en el mismo juzgado que sentenció al pago de 2 millones de dólares a los autores del libro El Gran Hermano, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita.
Hasta el lunes último, la Secretaría General de la Asamblea Nacional no había recibido ningún pedido formal en este sentido.

Pero contra Chambers no solo existe el juicio 2012-0766 por falso testimonio interpuesto por el Presidente de la República, pues el mismo Fabrico le entabló en el 2011 un proceso penal (ver facsímil).

Según consta en la causa 09307-2011-0097, en el Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, Fabricio lo denunció por daño moral para que respondiera por diversas declaraciones difamatorias en medios de prensa. El ofendido le pidió al juez que Chambers exhibiera los documentos que le sirvieron de sustento para realizar declaraciones injuriosas a través de los diarios El Universo, Hoy y El Comercio.

Para demostrar la supuesta culpabilidad de Chambers, Fabricio Correa pidió al juez que se agregaran copias del proceso penal 424-2009, iniciado por Andrés Betancour Ayala contra el ex veedor por el delito de estafa y otras defraudaciones; copias del proceso penal 2335-2008 iniciado por Nelson Benalcázar; del proceso penal 1142-2009 y  del expediente 2524-2008 iniciado por Daniela Loaiza Wust; del juicio ejecutivo 231-1998 entablado por el Banco Popular contra Chambers, por deudas.

También existe el juicio ejecutivo 43-2002 iniciado por Henry Hidman Wheeler y otro de carácter  civil 212-2002  entablado igualmente por  la misma persona. En este último proceso, el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha, amparado en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, ordenó “el secuestro de muebles y demás bienes de Chambers por el valor equivalente al crédito...”.

Pero no solo hay juicio penales y ejecutivos en su contra (ver facsímil) sino también  laborales, como el proceso  696-2007 entablado por María Dolores Castillo por despido intempestivo, en el cual  el Juzgado Segundo de Trabajo sentenció a que  Chambers a pagar a la afectada la suma de 2.158,89 dólares.

En el Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Guayas también reposa la causa No. 09329-2010-1057, interpuesta por Meier Abrahan Vigoda Maslowicz  por obligaciones incumplidas (deudas) por Chambers, mientras se  desempeñaba como gerente de las empresas “Church & Chambers” y de “Organika”; así como investigador de la Price Waterhouse y profesor de las universidades Andina Simón Bolívar, Católica de Quito, Politécnica Nacional, etc.

Sobre Chambers también pesa la causa 2009-0349 en el Juzgado Sexto de Tránsito  por contravención, en donde  el juez lo sancionó como “autor responsable” de la contravención leve de segunda clase reprimida en el literal e) del Art. 140 de la Ley Orgánica de Transportes Terrestres.

Además, en este caso, el juez le impuso la multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y la reducción de tres puntos en su licencia de conducir.

El presidente Correa ha insistido en varias ocasiones que no conocía los contratos que mantenía su hermano, quien ahora es un actor político y posible candidato a la primera magistratura.