Los representantes legales de la petrolera Chevron (Texaco) y la Unión de Afectados por Texaco tienen 5 días de plazo para presentar sus alegatos finales, luego de que Wendy Molina, jueza de la Corte Constitucional (CC) escuchara sus versiones dentro de la audiencia de acción extraordinaria de protección. 

El recurso fue solicitado por la empresa petrolera Chevron. La industria estadounidense pidió a la CC dejar sin efecto el proceso por el que fue sentenciada a pagar $ 9.500 millones a los afectados por contaminación en la Amazonía.

Adolfo Callejas, procurador Judicial de Chevron Corporation, solicitó a la magistrada ordenar la restauración total de los derechos constitucionales de la petrolera, lo que implicaría dejar sin efecto la sentencia, así como declarar la nulidad de todo el proceso de Lago Agrio (provincia de Sucumbíos) desde su inicio.

Ante la postura del defensor de la multinacional, Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados, reiteró que no encuentra ninguna razón jurídica sobre la postura de la empresa. Indicó que Chevron durante sus operaciones se comprometió cumplir con las leyes ecuatorianas y que ahora, con este recurso ante la CC está eludiendo las responsabilidades por daño ambiental.

"Chevron trata de convertir a la Corte Constitucional en una cuarta instancia", aseguró el defensor.

Fajardo expresó que la defensa de la petrolera "recicla argumentos". Ya que estos mismos fueron presentados y rechazados en Sucumbíos (donde se emitió la sentencia original) en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) "y ahora los recicla ante la Corte Constitucional".

Humberto Piaguaje, habitante y representante de los afectados por las explotaciones petroleras, detalló la tragedia que vive su familia y los miembros de las comunidades aledañas. "En mi familia han fallecido 5 personas por cáncer, a causa de la contaminación. Chevron sabe científicamente que el petróleo sigue en la tierra", expresó.

El caso contra Chevron (antes conocida como Texaco) inició a mediados de los años 90 luego de que un grupo de habitantes de la Amazonia acusara legalmente a la petrolera de contaminación y graves daños durante la exploración y extracción de petróleo entre 1972 y 1990.

Los demandantes lograron que en 2011 la corte provincial sentenciara a la compañía al pago de $ 9.500 millones.

Luego de que la jueza analice los argumentos y alegatos presentados por las partes, emitirá un fallo final.  (I)