Ecuador afrontaría 24 demandas en su contra debido a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI’s). Lo que en términos monetarios significaría un perjuicio de cerca de $ 18 mil millones desde 2002. En la actualidad, esa cifra se ha reducido a $ 14 mil millones porque se han cancelado algunos de los laudos o se ha llegado a acuerdos.

Estos son algunos de los resultados preliminares que contiene el informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), el cual -según su secretario ejecutivo Christian Pino- estaría en la última fase.

Todavía no se ha decidido una fecha de publicación, ya que primero debe ser entregado a las autoridades correspondientes.

La Caitisa fue creada el 6 de mayo de 2013 mediante Decreto Ejecutivo N° 1506, con el objetivo de  analizar el proceso de negociación de los TBI y otros acuerdos de inversión suscritos por el país, así como determinar la validez y pertinencia de los procedimientos, actuaciones y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones que son parte del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones.

Una de las integrantes de la comisión, la economista y especialista en planificación nacional, Piedad Mancero, participó ayer en la mesa redonda denominada ‘Tratados Bilaterales de Inversión, empresas transnacionales y derechos humanos. Desafíos para la comunidad internacional’, que se efectuó en el salón Manuela Sáenz de la Universidad Andina. Allí se analizaron las relaciones de los convenios bilaterales con los intereses de las empresas multinacionales y su repercusión en los derechos humanos.

“Estos $ 14 mil millones que están pendientes son impagables. Esto implicaría destinar una gran parte de los presupuestos de varios años y dejar de invertir, construir  y ejecutar programas sociales, pero más allá de los TBI, el país ha sufrido por la presencia de transnacionales y los cambios de legislación a su favor”, explicó Mancero.

Recordó que solo durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992) se firmaron 17 tratados, en su mayoría con EE.UU. Por ello, uno de los principales ejes de la mesa fue la impunidad que las transnacionales tienen ante los organismos internacionales y de qué manera se debe abolir esa realidad.

Otro de los panelistas, el embajador Luis Gallegos, quien ha representado al país ante la Oficina de las  Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, resaltó la importancia de aprobar un tratado vinculante de derechos humanos y transnacionales.

Gallegos relató su experiencia al formar parte del equipo que propuso crear una nueva normativa  que regule las actividades de las empresas transnacionales respecto de sus obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos. Manifestó que es un proceso que tomará años debido a que es un tema controversial.

Muchos países creen que un tratado de este tipo podría afectar su desarrollo e inversión, por lo que pidió el apoyo de los académicos. Resaltó que “en este tiempo se ha avanzado mucho” en el tema. (I)