El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que varias Organizaciones No Gubernamentales de Francia y Bélgica estaríandetrás de los reclamos de comunidades indígenas Sarayakus para evitar la extracción de recursos en el país.

Entre las ONGs citadas por Correa se encuentran Parole de Nature y World Wildlife Found WWF, Movement D´actions à travers le monde, Alter Voyages.

El mandatario consideró justas las demandas del pueblo Sarayaku, pero, aclaró, la instalación de una petrolera en sus predios ocurrió en una etapa anterior a su gobierno, sin hacer la consulta previa a los habitantes.

Señaló que el Ejecutivo solicitó la presencia en el país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para valorar el cumplimiento de las medidas cautelares que responden a las demandas de los pobladores de esa la localidad.

El Gobierno ecuatoriano estaba obligado a limpiar de “pentolitas” (explosivos) colocadas para las exploraciones petroleras, sin embargo líderes indígenas se opusieron a la continuidad esos trabajos que se habían iniciado en 2007 y apenas se prolongaron durante ocho meses a un costo de 700 mil dólares.

De acuerdo con el mandatario, asesores extranjeros estarían cabildeando a través de las comunidades sarayaku para que se impida la explotación petrolera y minera en el país.

Expuso que se pretende que estas comunidades sean las que otorguen su consentimiento previo, lo cual estaría violando la Constitución y el Convenio 169 de pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Precisó que con esa presunta intención se busca, además, evitar la undécima ronda petrolera para la exploración del sur oriente ecuatoriano, donde existe probablemente mucho más petróleo que en todo el norte y el centro de la Amazonía y comenzarán las exploraciones.

Correa llamó a los pueblos indígenas a rechazar la intervención de esas organizaciones que, dijo, atentan contra la soberanía, al tiempo que reveló que próximamente estas comunidades sarayacus recibirán 11 mil 130 euros recogidos en Europa para propósitos ocultos.

El conflicto proviene de 1996, en que el país firmó un contrato con la empresa Compañía General de Combustibles (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una porción del territorio Sarayaku.

Sin embargo, seis años después, los nativos dijeron que no fueron consultados ni informados sobre el convenio y que la CGC entró a sus tierras con protección del Ejército para colocar explosivos.

En 2003, la queja fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seis años más tarde, esta concluyó que el Estado había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En enero 2011, la Corte accedió a un pedido del Estado para que sus representantes realicen una visita a la comunidad amazónica para comprobar la aplicación de las medidas cautelares, la cual se realiza en estos momentos.