Los profesionales de la salud aseguraron ayer que el ministerio del ramo se comprometió a solicitar a la Fiscalía General la creación de unidades de investigación especializadas en delitos sanitarios, similares a las ya existentes para delitos sexuales, de tránsito y contra la vida.

“En lo posible, el fiscal debe ser médico y abogado”, precisó Carlos Pazmiño, asesor de los galenos, tras anotar que sí existen profesionales con ese perfil.

Dicha entidad realizaría estudios técnicos de las denuncias de mala práctica profesional con peritos especializados en estos casos, afirmó Carlos Figueroa, del Colegio de Médicos de Pichincha. “No pedimos ni un solo delegado de los médicos en esa agencia”, anotó.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, una de las 4 comisiones creadas por la bancada de Alianza PAIS continúa con el análisis del libro I del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre los temas que analiza están: la dosimetría penal, es decir, el número de años de prisión con que debe castigarse cada delito; la acumulación de penas; y la mala práctica profesional. Las observaciones que se realicen sobre ese articulado serán trasladadas a la plenaria del bloque legislativo -prevista para el lunes próximo- para su aprobación.

En lo referente a las penas privativas de la libertad, los legisladores propusieron no dejar el tema a discreción del juez. Para ello plantean establecer un procedimiento que sería incorporado al libro II del COIP, afirmó Armando Aguilar, quien lidera otra de las mesas de trabajo de PAIS.

En cuanto a la oralidad en el proceso penal, la sentencia será notificada inmediatamente después de emitirse el fallo judicial, es decir, ya no tardaría 3 días como ocurre actualmente.

Con respecto a las sanciones de tipo administrativo para las personas privadas de la libertad que cometen infracciones al interior de los centros de rehabilitación, la plenaria debatirá el tema.

En lo referente a las disposiciones transitorias, derogatorias y reformatorias a la Ley de Tránsito y Código de la Niñez y Adolescencia sobre las medidas socioeducativas que se aplicarían a los adolescentes infractores  y su posible acumulación, el debate aún no concluye, indicó Ximena Ponce.

Asimismo continúan en análisis delitos como el testaferrismo, cohecho, enriquecimiento ilícito, seguridad ciudadana, delitos ambientales, infracciones de tránsito, terrorismo, peculado, femicidio, tortura e intimidación. En cada uno se agregaría, además de la pena, una sanción pecuniaria, según el caso.