La ministra de Justicia, Johana Pesántez, solicitó a la Fiscalía de Pichincha ordenar a los directivos del diario La Hora que remitan copia de una información de este matutino publicada el miércoles 10 de abril relacionada con el conflicto waorani-taromenani, por considerar que constituye un presunto acto ilícito sancionado en el Código Penal.

La denuncia se refiere a la publicación de una noticia en portada del matutino titulada “Matanza indígena en manos de CIDH”, así como la información que aparece en la página B1 con el título: “Piden que caso de no contactados vaya a la CorteIDH”.

La ministra alega que la publicación se refiere a los hechos suscitados en la provincia de Orellana, donde presumiblemente se produjo una matanza de miembros de la nacionalidad waorani contra un grupo taromenani, sin que estos hechos hayan podido ser demostrados.

Sostiene que la portada menciona textualmente: “Falta de eficacia en las medidas aplicadas por el Estado para proteger a los pueblos no contactados”, cuando estos mandatos se originaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y  el Estado ha cumplido fielmente con tales normas.

Sin embargo, agrega la Ministra, tanto en la portada como en el interior del diario se señala que quien manifestó tal opinión es un “grupo” de personas que en el año 2006 solicitó medidas cautelares ante la CIDH a favor de los pueblos indígenas no contactados, que estaría liderado por Fernando Ponce.

Además, en el artículo de la página B1 se afirma que en el año 2011 un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por delito de genocidio y etnocidio, que no pasó de la indagación previa en la Fiscalía General del Estado y ni siquiera se ha recibido imputación alguna, mucho menos acusación.

La Ministra expresa en su escrito que resulta lastimoso que un suceso de enfrentamientos de grupos indígenas, en franca confrontación desde tiempos ancestrales, sea manipulado por personeros de un diario, con el fin de desprestigiar al Gobierno Nacional e incluso induce a la opinión pública a creer que el Estado no ha obedecido con sus compromisos internacionales.

De allí que considera que los textos publicados son susceptibles a una sanción, según el Código Penal. El pedido agrega que los documentos deben ir acompañados de la firma de responsabilidad del autor o responsable de la información, así como del editor.

Publicación de fotos

Esta solicitud se suma a otra que el pasado 5 de abril formuló la ministra (e) Carmen Simone a la Fiscalía a fin de que requiera del mismo diario la grabación original del video, de las imágenes y los nombres de los responsables de la nota que publicó el 4 de abril, en su página de Internet, donde se presentan fotografías de presuntos miembros de la etnia waorani muertos.

Sobre estos hechos, la ministra dijo que presumiblemente sucedieron en marzo de este año, cuando la Estación de Monitoreo para la protección de la zona intangible Tagaeiri-Taromenani recibió una llamada de alerta de la comunidad de Yarentaro, sobre un posible ataque con lanzas.

Según la información recopilada, los ancianos Ompore Omeway y Buganey Caiga fueron emboscados, posiblemente, por un grupo de indígenas tagaeiri-taromenani que viven en aislamiento.