El estado actual de las cárceles ecuatorianas, la inversión gubernamental y las medidas que adoptarán tras la fuga de tres reos de una cárcel de Quito fueron analizados por la ministra Johana Pesántez en diálogo con El Telégrafo, el jueves pasado.

¿Qué capacidad tienen las cárceles y a cuánto asciende la población carcelaria? ¿Hay problemas de hacinamiento?
Hay hacinamiento en distintos niveles. Tenemos  21.122 personas privadas de la libertad (PPL) y el mayor porcentaje de hacinamiento está en Quevedo, Machala y Vinces.

¿Creció el número de PPL?
En 2012 tuvimos dos fenómenos importantes: la transformación de la justicia con la creación de nuevos juzgados con nuevos jueces y nuevos operadores, por tanto, hubo más causas despachadas, lo que también generó un mayor número de PPL; y, por otro lado, los resultados del programa los “Más Buscados”. La Policía, con todo el equipamiento y el cambio de modelo de gestión, también se volvió más eficiente.  

¿Qué hace el Ministerio a su cargo para controlar el hacinamiento en estos centros?
Estamos por entregar, máximo en un mes (marzo), el Centro Regional de Rehabilitación Guayas  con capacidad para 3.400 PPL, en una superficie de 75.000 m2. También se construye la nueva Penitenciaría para 2.400 PPL y el Centro de Contraventores para 680 PPL. Las dos estarán listas en tres meses en esta misma jurisdicción.

¿Y en otras provincias?
Estamos construyendo uno en la Sierra Centro-Norte con capacidad para 3.400 PPL. También en el Turi (Azuay) para 1.800 PPL y, en marzo, empezaremos a construir otros en Babahoyo, Machala y Loja, cada uno con capacidad para 1.800 PPL. Pero también reestructuramos y ampliamos otros como el de Quito, donde se construirá un centro adecuado para PPL -aunque a la Sierra Centro Norte irán los presos condenados en Quito- y edificaremos otro que sería un centro de privación de libertad.

¿Hay estándares para edificar y remodelar los centros?
Por ejemplo el de Santo Domingo de los Tsáchilas, aunque tiene 10 años y se hizo una ampliación hace 4 años, pensamos ampliarlo nuevamente porque buscamos la estandarización de los centros. Actualmente existen centros donde hay desde 20 hasta 3.000 PPL y la idea es que todos tengan capacidad para entre 1.600 y 3.400 PPL, tomando en cuenta un modelo de gestión y que todos tengan el mismo presupuesto.

En los últimos 5 años, ¿cuánto se invirtió  en edificar y remodelar los centros de rehabilitación?    
Se han invertido aproximadamente 149 millones de dólares. De ese monto, solo en 2012 se destinó 89 millones de dólares para centros que están por inaugurarse. Cabe destacar que este tema estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social hasta diciembre de 2010, cuando lo absorbe el Ministerio de Justicia. Antes de 2008 apenas se invertía 96.000 dólares anuales en las PPL, recursos que provenían del pago de las multas por cheques protestados.  

A más de descongestionar las  cárceles, cómo se garantizará que los reos ya no  dirijan redes delictivas vía celular o por Internet. ¿Qué harán o qué están haciendo al respecto?
Primero, estamos instalando inhibidores en todos los centros de rehabilitación, lo cual ayuda. Aunque se debe tomar en cuenta que, a la vez, la delincuencia avanza y se tecnifica, como lo que nos pasó en la Penitenciaría del Litoral, frente a cuyas instalaciones pusieron un local clandestino de comunicaciones. Y pese a que se instalaron los inhibidores, no sirvió de mucho porque usaban teléfonos fijos. En todo caso, lo importante es que a más de los inhibidores y cámaras de vigilancia, también se colocarán cámaras infrarrojas y de videovigilancia; escáneres de última tecnología iguales a los que se utilizan en los aeropuertos internacionales, y toda la capacitación brindada al nuevo personal penitenciario.     

¿Es un tema complejo?
Es complicado cambiar de la noche a la mañana la cultura  de la gente, con un sistema carcelario que por más de 100 años estuvo olvidado. Desde el año pasado implementamos el plan “Cero Ocio”, es decir, quienes ingresan a las cárceles no se quedan en sus celdas  sino que  asisten a talleres, lo que les ayuda para la rebaja de penas por méritos.   

Hace 15 días se fugaron tres reos del Centro de Detención Provisional de Pichincha (CDP). ¿Falló la vigilancia, la seguridad?
Las fugas, bajo el nuevo sistema que tenemos, son casos aislados porque realmente hemos mejorado la seguridad y eso implicó el cambio de todo el personal penitenciario. Ahora tenemos personal capacitado en la Escuela Politécnica del Ejército y hemos creado la Escuela Penitenciaria con sede en Bahía de Caráquez (Manabí), para que reciban capacitación continua. Las fugas y la violencia que pueda existir al interior de los centros ocurren incluso en los centro más seguros del mundo. Actualmente no se dan fugas todos los días, por lo que las críticas deberían ser constructivas y ayudar a cambiar esa realidad.

¿Cómo se explica esa fuga?
Tenemos un proceso penal abierto por ese hecho y están siendo investigados   personal penitenciario y miembros de la Policía Nacional, porque es la Policía la encargada del cerco externo del CDP. En todo caso, le aseguro que no tendré ningún problema para detener al personal penitenciario que haya cometido ilícitos al interior  de los centros de rehabilitación. He sido implacable en ese tema, para mí una fuga es un delito y siempre debió tratarse así; por ende, esto merece una sanción.

En 2004 hubo dos fugas masivas y huyeron 80 reos del ex Penal de Quito. Ahora, en plena campaña, algunos candidatos cuestionan lo ocurrido hace 15 días y lo vinculan a la inseguridad...  
Lo ocurrido en 2004 no se parece en nada. Incluso, debo decir que al problema de las fugas se suma la violencia intracarcelaria. En esos años (2004) teníamos muertos y heridos en los centros por esa causa, un fenómeno que ahora es     mínimo, tanto así que en 2012 Human Rights Watch -pese a que no nos quiere- admitió que la violencia intracarcelaria en los centros ecuatorianos es nula en relación a otros países.

¿Y para evitar que los reos de alta peligrosidad se junten con quienes han delinquido  por primera vez, qué medidas están tomando?
Por ejemplo en el centro que inauguraremos en Guayaquil hay 4 alas distintas: la primera  solo para mujeres; la segunda para presos de mínima peligrosidad; la tercera para mediana; y la cuarta para máxima. En el nuevo modelo se proyecta con el reo lo que se denominará “un nuevo plan de vida”: hacerle un estudio psicológico, médico, social y jurídico, en donde se dice exactamente cuáles son las condiciones que tiene y, en base a ello, se le remitirá a áreas de mínima, mediana o máxima seguridad, de acuerdo con su nivel de violencia y peligrosidad. Allí se contempla entonces una clara  distinción entre procesados, condenados (peligrosos y no peligrosos) y contraventores.

¿Es vital aprobar el Código Integral Penal? ¿El Ministerio intervendrá para que los nuevos asambleístas lo tramiten?
Daremos un impulso total porque realmente necesitamos que esa norma entre en vigencia, no solo desde el punto de vista de ejecución penal sino porque hay normas obsoletas que no permiten condenar muchas situaciones ilícitas. Ese proyecto de ley fue presentado en octubre de 2011 y ya está listo para el segundo debate en la Asamblea.