Juan Manuel Santos es presidente de Colombia, Óscar Naranjo es asesor del Gobierno mexicano, Álvaro Uribe es un activo tuitero y Colombia y Ecuador restablecieron relaciones diplomáticas. Así están los protagonistas del bombardeo perpetrado por el Ejército del vecino del norte contra un campamento guerrillero asentado en Sucumbíos.

Pareciera que todo ha vuelto a la normalidad al cumplirse hoy el quinto año del hecho. En realidad eso no ha ocurrido con los padres de las víctimas mexicanas del ataque que demandan justicia.

Como parte de esa lucha, se han propuesto combatir el olvido. En ese sentido, Álvaro González, junto con otros cuatro profesores de la Universidad de Chapingo han escrito el libro “Sucumbíos, historia de una infamia”.

Álvaro, padre de Juan González Vastillo (una de las víctimas del bombardeo), está en Ecuador para recordar el quinto aniversario del ataque. Explica que la obra recoge el acontecimiento, narra el contexto histórico y describe la lucha de la Asociación de padres y familiares de las víctimas de Sucumbíos.

Apoyado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh, González se ha reunido con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ayer viajó a Lago Agrio para ver el estado del proceso que se abrió en 2008. Allí conocieron que este no avanza porque no están presentes los involucrados.

Al ciudadano mexicano le explicaron que las órdenes de prisión que se dictaron en contra de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa cuando ocurrió el ataque, y Álvaro Uribe, ex presidente colombiano, han sido emitidas, pero no se han “activado”. Luis Saavedra, director de Inredh, indica que el proceso está en etapa de juzgamiento por el delito de asesinato agravado.

En su visita a Lago Agrio, Saavedra y González presentaron un informe de la Corte Penal Internacional en el que se detalla que en Colombia ha existido una política de eliminación de adversarios políticos, lo que incluye a líderes guerrilleros.

Con ese texto solicitaron que se cambie la figura a “crimen de lesa humanidad” para que no prescriba el caso. Saavedra asegura que los involucrados tarde o temprano dejarán el poder y podrán ser procesados. Pone como ejemplo el caso del dictador chileno Augusto Pinochet que fue apresado en Londres.

Y añade que Uribe asumió la responsabilidad del bombardeo por lo que lo considera “asesino confeso” que debe ser detenido.

González quiere llevar el caso a los tribunales internacionales pero eso no puede ocurrir hasta que no se agoten todas las instancias, lo que tomará bastante tiempo, al menos en Ecuador.

A eso se suma que la demanda internacional debe estar muy bien documentada. La asociación de padres ha solicitado información a la Embajada colombiana en México pero no ha  recibido respuesta.

Otro trámite que han realizado en su país, donde nunca se inició una investigación formal pese a que en el ataque murieron ciudadanos de ese país, es recoger 5.000 firmas para exigir la salida del colombiano Óscar Naranjo.

Él era comandante de la Policía cuando sucedió el bombardeo y actualmente es asesor del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. La petición fue entregada al Congreso de su país para que se declare al extranjero persona no grata.

Pero el padre de familia es poco optimista de que prospere debido a las excelentes relaciones que existen entre Colombia y México.

La asociación de padres está conformada por las cinco familias que tuvieron a uno de sus miembros en el campamento bombardeado. Ellos aseguran que se manejan de forma independiente.

La única sobreviviente fue la mexicana Lucía Morett. Los familiares de ella han denunciado que siendo víctima le han abierto procesos judiciales en México y Colombia por asociación ilícita con guerrilleros.