Los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez de Quito amenazaron ayer con renunciar masivamente en rechazo a la penalización de la mala práctica profesional que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en segundo debate el pasado 13 de octubre.

El artículo de la polémica es el 146 que tipifica el “homicidio culposo por mala práctica profesional”, según el cual “la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años” e inhabilita al profesional por un tiempo igual a la mitad de la condena. Para determinar el delito -señala el texto- se tomarán en cuenta protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales e internacionales para cada profesión, así como las condiciones en que ésta se ejerció.

A través de un comunicado los galenos afirmaron que se trata de un artículo “atentatorio” contra su desempeño profesional, y que los pacientes serán los afectados. “Exigimos que no se criminalice nuestra labor, ya que en nuestras manos no está garantizar la inmortalidad. Por eso nuestra posición es presentar la renuncia irrevocable al ejercicio profesional”, reza el documento.

Hasta la tarde de ayer, la gerencia de esa casa de salud informó que ningún galeno ni enfermera formalizó  su dimisión. Sin embargo, el cirujano Diego Andrade, uno de los líderes de la protesta, señaló que “la renuncia es de todos  los médicos y de los profesionales de la salud”.      

Afirmó que con el COIP no tienen  las condiciones para trabajar, pero que la medida regirá a partir de que se promulgue la ley, mientras tanto los pacientes  serán atendidos con normalidad.       

En cambio, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez, según recogió el portal Ecuadorinmediato, aseveró que “la única alternativa que hay es que el Presidente de la República vete ese articulado y cambie. Nuestra única reivindicación es muy simple: que solo los errores graves o muy graves estén en el Código Penal”.  

Reuniones similares también se desarrollaron en los hospitales Eugenio Espejo, Baca Ortiz y Carlos Andrade Marín (IESS) para analizar el mismo artículo.

En los hospitales públicos, el personal de los distintos servicios sesionó a puerta cerrada y, a más de discutir la falta de insumos, propuso que las autoridades les otorguen un seguro de responsabilidad médica por todas las eventualidades voluntarias e involuntarias que puedan suceder y expresaron su respaldo al personal del Pablo Arturo Suárez.

En el hospital del IESS, a través de una carta, los médicos también amenazaron con renunciar masivamente si el artículo 146 entra al Registro Oficial.

Por otro lado están quienes denuncian casos de negligencia médica. Uno de ellos es Enrique Alcívar, quien acusó a la Clínica Pichincha por el delito de homicidio inintencional de su hijo Édison, de 19 años, el 12 de febrero de 2010.  

El joven fue apuñalado al interior de una discoteca y lo trasladaron a esa casa de salud. Según el padre, Édison no recibió atención efectiva porque antes le habrían exigido una tarjeta de crédito para cubrir los gastos. Según el abogado de la familia, Fernando Larrea, la clínica no observó los procedimientos determinados en la Ley de Salud.

Al momento, el juicio está archivado a petición del fiscal de Delitos Contra la Vida, Vicente Reinoso. En tanto, la clínica contrademandó a Alcívar por 2’500.000 dólares por supuestas injurias.

Otro caso pendiente es el de la francesa Charlotte Mazoyer, quien falleció en la Clínica Pichincha el 12 de septiembre de 2009, luego de ser trasladada por una herida de bala al ser asaltada en Guápulo. El 23 de octubre de 2008, en cambio, falleció Alicia Freire Vallejo por presunta negligencia en la Clínica María Auxiliadora, tras someterse a una cirugía de  vesícula.

Para sus familiares es fundamental que el Código Penal sancione a los médicos si por una mala práctica se produce la muerte del paciente.

EN GUAYAQUIL LA ATENCIÓN NO SE INTERRUMPIÓ

En  las casas de salud públicas de Guayaquil la  atención fue normal. Así  lo constató este diario  en un recorrido por el hospital de infectología José Daniel Rodríguez Maridueña; de niños Francisco de Icaza Bustamante; maternidad Santa Marianita y Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de la ciudad y el más grande de la Costa.

Los usuarios en estas casas de salud recibieron atención con normalidad y los médicos que se encontraban en los nosocomios prefirieron no pronunciarse sobre la salida de sus colegas en la capital, como protesta por el nuevo Código Penal. Funcionarios de infectología aclararon que en la casa de salud se trabaja con normalidad y que no se ha registrado ninguna renuncia. En las redes sociales se conoció que los médicos de Santo Domingo y de Tungurahua analizan la medida.