Se cumplieron 16 años de la suspensión de las operaciones financieras, un episodio que hasta ahora se recuerda como el ‘feriado bancario’. La decisión, adoptada durante el gobierno de Jamil Mahuad Witt (Democracia Popular), fue anunciada la noche del 8 de marzo de 1999 por el entonces superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, quien en primera instancia informó que el cese de operaciones duraría 24 horas, pero la medida se extendió 5 días.

Con el crack bancario no solo miles de depositantes perdieron sus ahorros, hubo desempleo, inflación y suicidios; y casi 3 millones de ecuatorianos migraron hacia Europa y Estados Unidos.

Según el informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera —constituida en 2007— existieron 2 razones que desencadenaron la crisis de 1999: el Estado otorgó una garantía ilimitada a los depósitos en las entidades bancarias y hubo la supresión del impuesto a la renta para sustituirlo por el 1% a las transacciones de capitales.

La primera de ellas, apoyada en la disposición 42 de la Constitución de 1998; y la segunda, por una decisión política del ex-Congreso Nacional, que acogió la propuesta del entonces diputado socialcristiano Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil.

Para el investigador Hernán Ramos —autor del blog Rienda Suelta— el origen fue en realidad la Ley de Régimen Monetario aprobada en el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), que luego se afianzó con la Ley de Instituciones Financieras de 1994, fortaleciendo un modelo de Estado neoliberal.

En la última entrada del blog de Ramos se publica el extracto de la carta de Luis Jácome, presidente de Directorio del Banco Central (BCE),  dirigida a Jorge Egas, superintendente de Bancos (SB). “Esto reveló la gravedad de la crisis en las altas esferas del poder económico-político”, escribe Ramos.

Además confirmó 2 sospechas: el cortocircuito entre las máximas autoridades de control financiero en momentos excepcionales; la falta de información actualizada y de calidad. La misiva llegó un día después de las medidas, es decir el 9 de marzo a las 12:00.

“Señor Doctor Jorge Egas Peña, (…) Agradeceré se sirva, por lo tanto, remitir a esta Institución el correspondiente informe sobre la solvencia y situación patrimonial de los bancos”, reza parte de la carta revelada por Ramos.

Ante la falta de respuesta de Egas se envió una segunda carta, 2 días después, pidiendo información sobre la solvencia de los bancos. Luego Mahuad tuvo una tercera carta, también del titular del BCE con balances sobre las instituciones del sistema financiero, efectuadas (sic) mediante el Sistema de Alerta Temprana SIAT.

“El informe, fechado el 4 de marzo de 1998, es el primer documento técnico de los especialistas del BCE-SB con una radiografía completa del sistema bancario nacional”, escribe Ramos. Según el investigador, Mahuad tuvo elementos para actuar, antes del caso de Filanbanco, y a partir del 11 de marzo de 1999 con el Banco del Progreso.

Antecedentes

En 1997, Ecuador ya afrontaba una crisis económica e inestabilidad política. Se eliminó parte del subsidio al gas, lo que llevó a que 2 millones de personas salieran a las calles a exigir la salida del entonces presidente Abdalá Bucaram. A principios de febrero de ese año fue destituido del cargo por ‘incapacidad mental’ y tras del desistimiento de su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón asumió el poder apoyado por el Congreso y las FF.AA.

Alarcón legitimó su estancia como presidente al convocar a una consulta popular y conformó una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 1979.

La Constitución de 1998

La Asamblea estaba dominada por el Partido Social Cristiano (PSC), la Democracia Popular (DP) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), quienes reunían 40 de los 70 integrantes.

Varios historiadores coinciden en que la Constitución del 98 fue una de las más avanzadas de América Latina por su reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, pero introdujo el modelo de libre mercado, sin garantizar la equidad social.

La Comisión Investigadora de 2007 también determinó una contradicción entre el artículo 265 de la Constitución, que prohibía al Banco Central del Ecuador (BCE) participar a nombre del Estado en  el salvamento de instituciones financieras en crisis haciendo uso de recursos públicos, y la Disposición Transitoria 42 que proponía todo lo contrario, dándole un plazo de 2 años para “otorgar créditos de estabilidad y de solvencia”.

“El Artículo 265 elevó la fuerza legal de lo dispuesto en el artículo 84 del Régimen Monetario y consagró la doctrina por la cual el Banco Central no podía participar en el salvamento bancario. No era posible que el Congreso aprobara una ley que modifique la Constitución. En consecuencia, las decisiones para utilizar recursos del Banco Central para adquirir papeles de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), así como la garantía ilimitada de depósitos, no tuvieron sustento legal alguno”, concluyó la Comisión.

En su informe también manifestó que la declaración de emergencia nacional para justificar la suspensión de las operaciones financieras se habría hecho sin ningún sustento “fáctico ni jurídico”, pues el país no atravesaba por un conflicto bélico ni desastre natural.

Aun así, el presidente del directorio del BCE en 1998, Luis Jácome Hidalgo, y el exsuperintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, se apoyaron en la Disposición Transitoria 42 para proponer la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), como una forma de prevenir una crisis bancaria. “Precautelar, fortalecer y preservar el sistema financiero” fueron las razones que Jácome y Egas expusieron en una carta enviada al Congreso Nacional.

La Disposición 42

A la sesión Nº 82 de la Asamblea Constituyente de 1998 asistieron 54 de los 70 legisladores, entre ellos Enrique Ayala Mora (PSE), Roque Sevilla (DP), Julio César Trujillo (PK), Osvaldo Hurtado (DP), Ernesto Albán Gómez (DP) y Orlando Alcívar (PSC).

El presidente era Luis Mejía Montesdeoca (FRA), quien ordenó al secretario Diego Ordóñez (DP) que dé lectura a la Disposición Transitoria 42. Posteriormente, la asambleísta Nina Pacari (PK) tomó la palabra y expuso su preocupación por dejar “una gran ventana abierta para situaciones que no están contempladas”. La transitoria se aprobó con 43 votos de 44.

Ordóñez explicó a EL TELÉGRAFO que justamente por la Ley de Régimen Monetario y Ley de Instituciones Financieras se planteó en la Asamblea un “sistema de aseguramiento de los depósitos” para que ese fondo solvente los problemas de los bancos.

“Los asambleístas dieron un plazo de 2 años para armar el seguro de depósitos y se redujo a ciertos tipos de préstamos (...) y finalmente terminó asumiendo el mismo Estado, pero eso no es algo que se puede prever un año antes”.