Cada vez que Dolores Briones Soriano acude a las urnas, lo hace con las mejores expectativas para que su situación sea definida de una vez, luego de más de siete años de litigio e incertidumbre.

Es así que  la jornada electoral de ayer no fue la excepción para la  viuda del mensajero Guime Córdova Encalada, quien murió baleado el 19 de noviembre de 2003, cuando efectivos policiales lo confundieron con un delincuente en el interior de la farmacia Fybeca de la Alborada.

En el sonado caso Fybeca, la demanda internacional sigue su curso para una indemnización por parte del Estado, tras haberse agotado los recursos legales internos sin que sancionaran a los responsables, sobre todo al agente del entonces Grupo de Apoyo Operacional (GAO), Héctor Adolfo Fruto Márquez, quien, según Briones,   disparó contra su esposo.

Briones, de 39 años, y quien a raíz del asesinato de su esposo profesa la religión evangélica, solo cuenta con la compañía de su hijo Javier, de 9 años, para quien hace el papel de padre y madre.

Ambos viven y se mantienen con las escasas ventas de su minibazar “Jimmy Javier”, en el sector marginal del bloque 11 de El Fortín, y de la renta mensual que le entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de Montepío.

Desde su domicilio, alrededor de las 10:00, Briones se dirigió al colegio Leonidas García, situado en el km 10 1/2 de la vía a Daule, para sufragar. No tardó más de 2 minutos en abandonar la junta receptora del voto y dio a entender que sabía las opciones que debía elegir.

“El caso está abandonado, creo que con el impulso del Gobierno las cosas podrían cambiar. A lo largo de estos engorrosos años  nos han ofrecido muchas cosas, pero todo continúa igual”, manifiesta Briones, quien padece de una crisis nerviosa,  que se inició cuando murió su cónyuge y   su madre, quien falleció 34 días después, es decir, el 23 de diciembre de 2003.

Siete años y cinco meses  después, Briones, tal vez no con la misma insistencia, debido a la paz que le brinda la oración, dice  que lo que busca es que se sancione  a los asesinos de su esposo  y de otro inocente, como   fue Carlos Andrade Almeida,  y que el Estado la indemnice.

Considera que hubo fallas de procedimiento de los agentes, tanto en la irrupción a la farmacia como en el uso indebido de la fuerza, lo que provocó también la muerte de seis sospechosos y la desaparición de tres personas, entre quienes consta Johnny Gómez Balda.